¿Qué innovaciones traerá la próxima edición del Informe Estado de la Justicia?

La plataforma Estado de la Justicia es una iniciativa conjunta entre el Programa Estado de la Nación/Conare y el Poder Judicial que tiene como objetivo ofrecer al Poder Judicial información veraz, detallada y oportuna sobre asuntos relevantes para su mejor gobierno y a la sociedad costarricense nuevas perspectivas para la deliberación y evaluación de su sistema de administración de justicia (PEN, 2015).

El Estado de la Justicia se visualiza como una plataforma de información que cumple tres funciones:

• generar nuevo conocimiento,
• ser un sistema de seguimiento y
• ser una herramienta que alimenta la toma de decisiones. 

La propuesta de contenidos para la próxima edición del Informe Estado de la Justicia contempla importantes innovaciones. La primera es migrar de un informe impreso cada dos años hacia una plataforma que brinda información de manera permanente a lo largo del año. Dicha plataforma está compuesta por una serie de productos que serán publicados durante el año 2021, previo al lanzamiento del tradicional informe. Estos productos novedosos son un policy paper, blogs, bases de datos actualizadas anualmente y publicaciones en revistas académicas.

Una segunda innovación propuesta es que cada capítulo del Informe (a publicarse en el año 2022 como el producto final), contenga una sección denominada “¿Cómo utilizar este informe?”, que tendrá como base la sistematización de los resultados de sesiones de trabajo que se realizarán con el Poder Judicial. El Estado de la Justicia reforzará los mecanismos de interacción para que se facilite la toma de decisiones en el Poder Judicial a la luz de los hallazgos de las investigaciones de cada capítulo, es decir fomentar proactivamente el uso de los estudios.

Estas innovaciones son producto de una consulta abierta que realizó el PEN entre octubre y noviembre de 2020, en la cual participaron 845 personas como se explica más adelante. Utilizando como insumo esta consulta, se determinó la agenda de investigación del Informe Estado de la Justicia 2022, la cual se desarrollará en dos grandes apartados. En la primera sección se explorarán cuatro temas a profundidad de alta relevancia en el contexto actual para el Poder Judicial, pero sobre todo para el país (diagrama 1).

En el segundo apartado, se dará seguimiento a un conjunto de indicadores clave relacionados con las áreas administrativa, judicial y política que caracterizan la gestión del Poder Judicial. El contenido de ambas secciones se definió considerando los siguientes criterios: i) relevancia y novedad de los temas y ii) disponibilidad de fuentes de información. Con esto se busca garantizar un balance adecuado entre las necesidades e intereses de información, innovación, actualidad e impacto que busca tener el Estado de la Justicia.

¿Cómo se realizó la consulta y quiénes participaron?

En aras de garantizar la participación y pertinencia del Informe Estado de la Justicia, el PEN cada dos años realiza una consulta a distintos actores relacionados con la administración de justicia en el país, lo que permite identificar áreas de mejora, estudiar el alcance del Informe y, principalmente, determinar –a partir de las sugerencias recopiladas y de las necesidades de conocimiento- los temas a estudiar en cada edición de este informe.

Para llevar adelante esta consulta, el PEN diseñó cuatro instrumentos técnicos, a saber: tres cuestionarios en línea y una entrevista a profundidad a jerarcas del Poder Judicial e integrantes del Consejo Asesor, los cuales se aplicaron entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre de 2020. En la consulta participaron un total de 845 personas, distribuidas de la siguiente manera: 68,8% personas funcionarias del Poder Judicial, 18,9% personas usuarias del Poder Judicial, 7,8% personas especializadas en temas de justicia, 2,8% jerarcas del Poder Judicial y 1,5% integrantes del Consejo Asesor del Informe Estado de la Justicia.

Entre las personas funcionarias del Poder Judicial que participaron en la consulta (582) sobresalen el personal de la Judicatura (38,5%), el Organismo de Investigación Judicial (13,4%), el Ministerio Público (13,1%) y la Defensa Pública (5,7%).

En cuanto a las personas especializadas que completaron el cuestionario, el 40,9% labora en instituciones públicas, el 19,7% en universidades, el 18,2% en bufetes, firmas o despachos y el 21,2% en otras entidades. El 56,3% de las personas usuarias que respondieron la consulta, señaló haber realizado al menos un proceso en Juzgados, Tribunales o Salas del Poder Judicial, principalmente ante la Sala Constitucional (44,4%) o haber presentado denuncias ante el OIJ (41,3%). Por último, el 56,1% lo hizo hace menos de un año y el 69,3% lo realizó en la provincia de San José (figura 1).

¿Cuáles fueron los principales resultados de la consulta?

El 78% de las personas entrevistadas indicaron que era relevante que el Estado de la Justicia se avocara a investigar temas relacionados con la respuesta del Poder Judicial en la pandemia.  En la consulta también se incluyó una pregunta orientada a identificar el ámbito del Poder Judicial que se ha visto más afectado por la pandemia del covid-19. El 35% de los participantes señaló la mora judicial como el área más afectada, un tema que ha sido señalado por el Informe Estado de la Justicia como uno de los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial.

Por otra parte, más de la mitad de las personas que participaron en la consulta señalaron como relevante realizar un análisis sobre la gestión del recurso humano en el Poder Judicial. Entre las principales justificaciones destacaron el tema de la capacitación (ausencia de calidad en las contrataciones, nombramientos que no cumplen los requisitos, ausencia de objetivos claros y definidos para desempeño y cumplimiento, entre otros) y la organización del personal (pocas plazas, exceso de trabajo, duplicidad de funciones, rotación del personal, entre otros). Pese a tratarse de un tema que se valora como del ámbito interno, en los últimos años ha sido motivo de discusión y debate por parte de distintos actores, especialmente aquellos aspectos relacionados con la formación académica de los jueces y juezas, la idoneidad de los jueces y el personal de apoyo de la administración de justicia, así como los procesos para la selección y el nombramiento de magistraturas, puestos de alta gerencia, suplencias, plazas vacantes e interinas.

Por último, cuando se preguntó sobre cuáles materias jurisdiccionales tendrían que ser estudiadas, hubo un alto grado de acuerdo entre las personas que respondieron la consulta sobre la importancia de estudiar las materias penal y contencioso administrativa. La materia penal también había sido relevada en los procesos de consulta anteriores. En cambio, la materia contencioso administrativa aparece por primera vez con ese nivel de prioridad para las personas consultadas. En esta área se mencionaba  la duración de los procesos y los formalismos (colapso de la jurisdicción, plazos excesivos que limitan el acceso a una justicia pronta y cumplida, lentitud en la resolución de recursos de casación, rechazo por requisitos formales no establecidos en la ley, entre otros), la gestión de los recursos humanos y financieros (problemas en el ambiente laboral, incumplimiento de obligaciones, beneficios salariales, necesidad de mayores controles, entre otros) y la importancia de su funcionamiento al regular la relación de los administrados (sector público y privado) con el Estado.  Además, cerca del 40% de las personas (principalmente del Consejo Asesor y Jerarcas del Poder Judicial) consideraron relevante seleccionar a la Sala Primera (38,5%) como caso de estudio, al ser la que se encargada de la materia contencioso administrativa.

Referencias

Calderón, K. y Jarquín, M. 2021. Plataforma Estado de la Justicia 2021 – 2022. Informe de consulta para la definición del temario. San José: Programa Estado de la Nación.

PEN. 2015. Primer Informe Estado de la Justicia. San José: Programa Estado de la Nación-Consejo Nacional de Rectores.

PEN. 2021. Plataforma Estado de la Justicia 2021 – 2022 Abordaje y propuesta de contenidos. San José: Programa Estado de la Nación-Consejo Nacional de Rectores.