Nombramientos de magistraturas no garantizan idoneidad, transparencia e independencia de las Cortes Supremas de Justicia en Centroamérica

Cuando el nombramiento de magistraturas de las cortes de justicia está a cargo de órganos políticos que cuentan con una gran discrecionalidad y opacidad y no se emplean criterios objetivos para evaluar las candidaturas, se afecta directamente el derecho de las personas al acceso a una justicia independiente, pronta e igual para todos.

La independencia judicial es el principio que garantiza que los procesos judiciales sean conducidos por juzgadores imparciales, cuya guía sea la protección y tutela efectiva de los derechos de las personas, sin presiones externas de otros sectores o internas de sus jerarquías.  Pese a que en los países existen diversos mecanismos legales para asegurar esa independencia, los procesos de nombramientos para integrar las Cortes Supremas de Justicia (CSJ) son fundamentales para hacer efectivo ese principio así como para garantizar la separación de poderes, sin la cual no es posible afirmar que existe un sistema de pesos y contrapesos con capacidad de frenar los abusos de poder.

Las Cortes Supremas de Justicia en Centroamérica enfrentan importantes desafíos en esta área. De acuerdo con las investigaciones del proyecto “Selección y nombramiento de magistrados y magistradas en las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica: análisis comparado y estudios de casos de El Salvador, Guatemala y Honduras” auspiciado por CEJIL y el PEN, en varios países de la región se pudo constatar que los partidos políticos buscan asegurar que las personas electas sean afines a sus posiciones partidistas. Asimismo, se observó la influencia de otros grupos de poder en los procesos de selección y nombramiento. Ello tiene consecuencias directas en la legitimidad de las cortes, en la gestión de casos específicos de alto perfil y en la gestión general de la administración de justicia. Muchos de los escándalos de corrupción que ha enfrentado la región tienen como protagonistas magistrados y magistradas de las cortes supremas.

Si bien es cierto, en países como Guatemala y Honduras existen mecanismos para la participación formal de una diversidad de sectores de la sociedad civil, en la práctica estos no han cumplido con el propósito de transparentar este tipo de procesos y abundan las críticas internas sobre la politización y cooptación de los sectores que se involucran. En el caso de Guatemala, donde los rectores de las universidades y los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales forman parte de la Comisión de Postulación que debe preparar la nómina de candidatos y candidatas que se presenta al Congreso de la República, se constató que algunas de las universidades y facultades que participaron eran de reciente creación y que no contaban con estudiantes inscritos. Aunque hay algunos avances en la publicidad de las convocatorias, la participación efectiva de la sociedad civil es otro de los elementos que deben mejorarse.

De acuerdo con los estudios realizados, aunque en países como Honduras y Guatemala, se da la participación de amplios sectores sociales lo que ha disminuido la opacidad de los procesos, ello no ha implicado el apego a los estándares internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Si bien en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá se cumple con el principio de publicidad de las convocatorias, es recomendable que ello cubra las diferentes etapas del proceso hasta la elección definitiva de las magistraturas. Por ejemplo, en Honduras de no lograrse la mayoría calificada para la elección de los magistrados y magistradas, la votación se efectuará de manera directa y secreta para elegir individualmente a las personas que ocuparán esos cargos, y en Costa Rica la votación para la escogencia de la nómina y la votación en plenario son secretas.

Otro importante desafío es la ausencia de criterios objetivos para evaluar las candidaturas. Si bien en la mayoría de los países centroamericanos el proceso de elección establece procedimientos para preseleccionar a los y las candidatas que avanzan a posteriores etapas, no existen reglas claras y explícitas sobre el perfil de las personas a elegir, ni sobre los criterios objetivos que se deben utilizar para evaluar y calificar a las personas postulantes. En la elección realizada en El Salvador en el 2018,  solo 7 candidaturas de las que tenían los mejores puntajes fueron incluidas en el listado de 15 enviadas al Congreso y algunas personas con buenas calificaciones no fueron electas sin que se justificara su exclusión. Otro aspecto que es importante destacar es que cada vez que se realizan estos procesos, los entes encargados suelen modificar la metodología utilizada para realizar la preselección, lo que genera inseguridad jurídica y propicia incurrir en arbitrariedades. Estas condiciones impiden que los procesos cumplan con las recomendaciones internacionales para asegurar la idoneidad de las personas seleccionadas en el ejercicio de sus cargos.

Las investigaciones realizadas pudieron constatar que la sociedad civil ha presentado recientemente propuestas de reforma en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, aún sin éxito en su aprobación. No obstante, solo en éste último país la propuesta busca modificar de manera integral el proceso de selección (lo que implicaría una reforma constitucional), en los otros casos las propuestas se refieren a temas puntuales para resolver solo algunas de las deficiencias descritas.

Fuentes

Arrieta de Carsana, L. 2018. Proceso de selección y nombramiento de magistrados en la Corte Suprema de Justicia: Estudio de caso para El Salvador. Ponencia preparada para el Sexto Informe Estado de la Región. San José: PEN. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12337/7880

Campos Sandí, D. 2018. Proceso de selección y nombramiento de magistrados en la Corte Suprema de Justicia: Estudio de caso para Guatemala. Ponencia preparada para el Sexto Informe Estado de la Región. San José: PEN. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12337/7886

Muñoz Portillo, J. 2019. Procedimientos para la selección y nombramiento de magistradas y magistrados en las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica. Ponencia preparada para el Sexto Informe Estado de la Región. San José: PEN. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12337/7881

Ocampos Aguilera, L. y Méndez González, W. Proceso de selección y nombramiento de magistrados en la Corte Suprema de Justicia: Estudio de caso para Honduras. Ponencia preparada para el Sexto Informe Estado de la Región. San José: PEN. Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12337/7882