El PEN forma parte de la iniciativa “Diálogos Propositivos: hacia una reforma judicial democrática y viable”
Actualmente, el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos crecientes sobre su desempeño, en un contexto marcado por la crisis del crimen organizado y una carga de trabajo judicial cada vez más compleja. A esto se añaden rezagos estructurales documentados durante años: lentitud en la resolución de casos, desigualdad en el desempeño entre oficinas y materias, y una alta concentración de funciones en la Corte Plena que limita su capacidad de atender lo estratégico y jurisdiccional. Como resultado, no se han hecho esperar variadas propuestas de reforma a la administración de justicia tanto a nivel legal como a nivel de gestión.
Frente a esta coyuntura, fomentar una amplia e informada discusión sobre reforma judicial se vuelve urgente. Es por eso que nace la iniciativa “Diálogos Propositivos: hacia una reforma judicial democrática y viable”, organizada de manera conjunta por el Programa Estado de la Nación (PEN) y las organizaciones adscritas al Foro de Justicia.
Esta actividad se desarrollará durante los meses de junio y julio y busca desarrollar un proceso de consulta y co-creación plural para identificar prioridades y propuestas de reforma y mejora al desempeño judicial, considerando sus responsables, condiciones de implementación, barreras institucionales y posibles rutas de concreción.
La participación de diversas voces de la sociedad será fundamental. Para ello, se convocaron actores del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la academia, la sociedad civil, los gremios profesionales y el sector privado, entre otros sectores vinculados al sistema de justicia. La selección de participantes busca asegurar diversidad de perspectivas y trayectorias, priorizando perfiles con capacidad de aportar insumos técnicos, analíticos o prácticos para una discusión informada y de alto nivel.
Los temas centrales del diálogo abarcan los mecanismos de nombramiento y reelección de magistraturas, la gobernanza judicial y la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la carrera judicial, las capacidades del Ministerio Público, la jurisdicción constitucional y las problemáticas de mora e impunidad en la materia penal.
El proceso se desarrollará en varias etapas. Primero iniciará con sesiones de trabajo en grupos pequeños y plenarias colectivas en las que las personas participantes construirán y priorizarán propuestas de manera colaborativa. Posteriormente, se realizarán eventos regionales en distintas sedes del Colegio de Abogados y Abogadas para incorporar perspectivas territoriales diversas. Finalmente, los resultados se sistematizarán en un documento propositivo que se presentará ante actores clave, como entidades públicas, sectores sociales, partidos políticos, prensa, entre otros.
El Programa Estado de la Nación facilita este tipo de deliberaciones en el marco de su mandato de producir información para la toma de decisiones y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Conscientes de que la reforma judicial es necesaria, pero no cualquiera si no una que realmente fortalezca el principio de justicia pronta, cumplida, independiente e igual para todos.