Anticipar para no colapsar: un modelo prospectivo del sistema penal

Costa Rica enfrenta niveles crecientes de violencia social como los femicidios y violencia doméstica y una criminalidad organizada en expansión, entre las que se incluyen el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, el contrabando y los delitos informáticos, como las actividades más relevantes. Esa realidad no solo se vive en las calles: también se acumula en forma de expedientes dentro del Poder Judicial, concretamente del sistema penal.  

Cuantificar ese vínculo entre inseguridad y carga laboral—y anticipar hacia dónde va— es precisamente el punto de partida de una investigación elaborada para el Quinto Informe Estado de la Justicia (Ramírez y Abarca, 2025), que analizó más de 600.000 expedientes tramitados en tres años (2022-2024). En concreto, se trabajó con los casos cerrados por el Ministerio Público para proyectar la carga de trabajo judicial en distintos escenarios de criminalidad.  

La investigación parte del supuesto de que los recursos financieros, tecnológicos y humanos de los que dispone el Poder Judicial son limitados. Por lo tanto, si estos se mantienen constantes a medida que aumenta el número de casos, es probable que se traduzcan en un incremento de los tiempos de resolución de los expedientes. Las consecuencias de esta demora son múltiples: incluyen pérdida de confianza, inseguridad jurídica, incremento de costos, afectación del debido proceso, incentivos para la corrupción y, en fin, debilitamiento del derecho de acceso a la justicia.  

Otra de las consecuencias relevantes, desde la óptica de la teoría de la disuasión, es que la rapidez del castigo es tan importante como su severidad: quien evalúa cometer un delito no solo calcula si lo van a atrapar o cuánto tiempo pasará en prisión, sino también cuán pronto llegará ese castigo (Nagin & Pogarsky, 2001). Cuando la sentencia se percibe lejana, pierde peso psicológico y el sistema, sin quererlo, manda el mensaje equivocado. Un Poder Judicial lento puede estar, inadvertidamente, erosionando su propio efecto disuasorio. 

¿Cómo afecta el crimen de la calle los casos judiciales futuros? 

Para plantear los escenarios, se utilizó un modelo de análisis de series de tiempo, específicamente de tipo Arimax, el cual proyecta los casos nuevos que ingresarán al sistema judicial en los meses futuros, usando como referencia los crímenes reportados al 9-1-1. La lógica es simple: más crímenes reportados equivalen a más expedientes. De hecho, el modelo estimó que por cada 100 crímenes adicionales reportados en el país vía 911, ingresan aproximadamente 21 nuevos casos al sistema judicial. 

Los resultados se organizan en escenarios según la dinámica de las cifras de criminalidad (disminución, aumento o si las cifras se mantienen). Las predicciones de efectos se hicieron para los siguientes 9 meses, que era el horizonte de tiempo donde el modelo mostraba mejor capacidad predictiva. En primer lugar, se consideró un escenario base en el Ministerio Público donde los crímenes reportados al 9-1-1 siguen su tendencia histórica, el cual anticipa un incremento mensual del 2,1% en los casos ingresados (equivalentes a 4.475 casos promedio nuevos por mes), este dato evidencia una inercia -hacia el aumento- en el sistema judicial. En segundo lugar, en el escenario que la criminalidad creciera un 2% mensual respecto a la tendencia histórica, la presión tendería a subir un 7,7% más para los 9 meses siguientes, una carga ya significativa considerando que los recursos del sistema no crecen al mismo ritmo. Y si el crimen aumentara un 4% mensual, los casos ingresados subirían un 13,3%. 

En sentido contrario, si las políticas de prevención lograran reducir la criminalidad un 2% mensual, los casos bajarían un 3,3% en los siguientes 9 meses; y con una reducción del 4% mensual, al 8,9% (cuadro 1). Los resultados también muestran que la relación entre delitos reportados y carga judicial no es simétrica: los escenarios de aumento generan presiones absolutas mayores que las que generan los alivios de los escenarios de reducción. Dicho de otra forma, las estimaciones muestran que es más fácil sobrecargar el sistema que desahogarlo. 

Fuente: Ramírez y Abarca (2025) utilizando datos del Poder Judicial, 2024-2025. 

El modelo también se utiliza para hacer proyecciones en cada uno de los 15 circuitos judiciales que el Poder Judicial despliega en el país, pues la criminalidad se expresa de manera muy distinta en el territorio, por ejemplo, en otros estudios del Informe Estado de la Nación se encontró que 11 distritos concentran el 50% de los homicidios del país (PEN, 2024). El modelo revela una geografía de la desigualdad: 12 de los 15 circuitos mostrarían un aumento en casos bajo el escenario base, sin embargo, ese crecimiento sería mucho más severo en algunos circuitos (gráfico 1). En el escenario más adverso —un aumento mensual del 4% en la criminalidad—, el Circuito Judicial de Cartago podría ver crecer sus casos hasta un 88%, seguido por el III Circuito de San José con un 69% y el Circuito de Heredia con un 68%. El I Circuito de la Zona Sur también aparece entre los más expuestos, con incrementos proyectados de entre el 54% y el 69% según el escenario. En el otro extremo, circuitos como el de la Zona Atlántica, Guanacaste y el II Circuito de San José mostrarían crecimientos más moderados, por debajo del 40% incluso en los escenarios más agresivos. 

 Gráfico 1

Escenarios prospectivos en circuitos según la cantidad de casos entrados al Ministerio Púbico. 2024-2025

Fuente: Ramírez y Abarca (2025) utilizando datos del Poder Judicial, 2024-2025. 

Otra forma es ver el efecto de 100 crímenes adicionales reportados en el área geográfica de cada circuito. Así se pueden ver diferencias notables: en el I Circuito de Guanacaste, ese número sube a 39 casos nuevos por cada 100 crímenes, mientras que en el III Circuito de Alajuela baja a apenas 9. Esto sugiere que algunos territorios traducen la criminalidad en carga judicial de forma mucho más directa que otros —ya sea por la naturaleza de los delitos, la capacidad de denuncia de la población o la estructura del propio circuito. Conocer esa sensibilidad es clave para distribuir recursos con criterio técnico y no solo por intuición o por inercia histórica. 

Cabe subrayar que estos escenarios no predicen cuál es el más probable; más bien, trazan el rango de posibilidades según cómo evolucione la criminalidad. El modelo provee una herramienta de planificación que permite proyectar la carga laboral de una instancia judicial clave como lo es el Ministerio Público, según distintos escenarios de criminalidad, desagregada por circuito y con horizontes temporales de varios meses. Así, una de las contribuciones de este estudio es un ejercicio de anticipación. Ese es precisamente el valor de la prospectiva en tiempos de anuncios y diseños de iniciativas de reformas judiciales —no adivinar el futuro, sino prepararse para varios de ellos.  

Referencias bibliográficas 

Bogantes, J. 2025. Visualizaciones para el capítulo. Contribución realizada para el Quinto Informe Estado de la Justicia. PEN, CONARE. 

Nagin, D. S., & Pogarsky, G. (2001). Integrating celerity, impulsivity, and extralegal sanction threats into a model of general deterrence: Theory and evidence. Criminology, 39(4), 865-892. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2001.tb00943.x  

Poder Judicial. (2023a). Bases de datos que alimentan la herramienta denominada “Tablero del Ministerio Público”, específicamente las páginas 2 y 8. (ampliación de información). Oficio n° 1483-PLA-ES-2023. Dirección de Planificación  

 Poder Judicial. (2023c). Listado de terminados por delito y fiscalía de la herramienta estadísticas del Ministerio Público. Oficio n° 1338-PLA-ES-2023. Dirección de Planificación. 

 Poder Judicial. (2024a). Bases de datos que alimentan la herramienta denominada “Tablero del Ministerio Público”, específicamente las páginas 2 y 8. Oficio n° 1424-PLAES-2024. Dirección de Planificación.  

 Poder Judicial. (2024b). Bases de datos que alimentan la herramienta denominada “Tablero del Ministerio Público”, específicamente las páginas 2, 8 y 9 (ampliación de información). Oficio n° 1507-PLA-ES-2023). Dirección, de Planificación.  

 Poder Judicial. (2024c). Bases de datos que alimentan la herramienta denominada “Tablero del Ministerio Público”, específicamente las páginas 2, 8 y 9. Oficio n° 4510-PLA-ESTR-2024). Dirección de Planificación.  

Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. CONARE. https://hdl.handle.net/20.500.12337/9745 

Ramírez Varas, S. y Abarca, A. (2025). Diseño, elaboración y puesta en ejecución de un modelo prospectivo sobre la demanda y oferta del sistema penal. CONARE, PEN. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10604