Durante el 2018 las protestas de distintos sectores en contra de reforma fiscal promovida por el gobierno y algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa paralizaron los servicios educativos durante 89 días, entre el 10 de setiembre y el 7 de diciembre. Con el fin de indagar los impactos de esta huelga sobre los hogares, el Programa Estado de la Nación realizó en febrero del 2019 una consulta telefónica a una muestra representativa de 719 hogares de todo el país. Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza del 95% (es decir, hay una posibilidad de apenas uno en veinte de que no sean representativos). Se indagaron tres temas principales: la valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público; sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares.
Un primer hallazgo es que los jefes de hogar tienen una alta valoración del sistema educativo público y que en la mayoría de los casos esta apreciación no cambió a raíz de la huelga. El 85% de los encargados indicó estar satisfecho o muy satisfecho con el centro educativo al cual enviaban a sus hijos. El mismo porcentaje se obtuvo cuando se indagó sobre la valoración respecto a los docentes. Una hipótesis, por corroborar en futuros estudios, es que las personas tienen un alto aprecio por la educación pública pues reconocen que, al igual que los servicios de salud brindados por el Estado por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, tienen acceso a ella independientemente del nivel socioeconómico de los hogares.
Lo anterior no significa, sin embargo, que la huelga pasara desapercibida para los padres de familia. Al contrario, señalan impactos importantes sobre sus hogares. El 74% indica que la educación de al menos uno de sus hijos se vio afectada por la huelga y un 58% afirmó que el grado de afectación fue mucho.
Cuando se les pregunta si a raíz de esta situación hubo un cambio en la percepción sobre los docentes y el centro educativo al que asistían sus hijos, en el 62% de los casos dicen que no. Solo un 21% indicó que sí modificó esa percepción y para mal[1].
Casi tres cuartas partes de los hogares (73%) señalaron que al menos uno de sus hijos no pudo asistir al centro educativo porque estuvo cerrado durante todo el periodo que duró el movimiento de huelga. Esto contrasta con el 11% que no reportó afectación, es decir, sus hijos recibieron todas las clases.
Uno de los efectos colaterales más importantes de la huelga, según los entrevistados, fueron las interrupciones de programas como los comedores escolares y las becas. En el primer caso, el 62% de los beneficiarios sufrió una interrupción total o parcial del servicio (Gráfico 1). Ello tuvo repercusiones económicas en un grupo importante de hogares (24% del total[2]) que señalan haber tenido que incurrir en gastos adicionales por concepto de alimentación ya que el centro educativo y el comedor estaban cerrados. Los montos invertidos en estos hogares ascienden en promedio a 49.000 colones por mes.
En segundo lugar, las transferencias monetarias brindadas a través de Fonabe o Avancemos, según indicaron los encargados de los estudiantes, se interrumpieron de manera total para el 18% de los beneficiarios y parcialmente para 42% de los casos que recibían este servicio. Otros impactos adicionales reportados fueron la suspensión del servicio de transporte estudiantil (Gráfico 1) y el tener que asumir el cuido de éstos por parte de los padres, abuelos y otros familiares.
Los impactos señalados se comprenden mejor cuando se indaga en el perfil de los hogares. La consulta realizada muestra que la mayoría de los padres de familia entrevistados (65%) tienen secundaria incompleta o menos y al preguntárseles si tenían recursos económicos para enviar a sus hijos a la educación privada el 89% indicó que no.
A lo anterior, se une un hecho preocupante y es que el 90% de los hogares no invirtió en tutorías durante el periodo en que sus hijos no asistieron a clases. Esto sugiere que la gran mayoría de estudiantes no tuvieron oportunidad de repasar la materia, ni mucho menos avanzar en el aprendizaje, durante el tiempo que estuvieron sin lecciones.
La información de la encuesta permite llegar a una conclusión sociológica importante: la suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público. Para este grupo la huelga significó una interrupción completa del proceso de aprendizaje que difícilmente pueda ser revertida.
Las percepciones de las familias sobre las huelgas en el sector educativo arrojan opiniones claramente perfiladas. Una clara mayoría, el 62% de los padres de familia, considera que no deberían permitirse las huelgas en educación (33% que sí), una proporción de dos a uno. Entre los que tienen una actitud favorable a las huelgas se indagó si debería existir algún límite de tiempo durante el cual los docentes se manifiestan. Siete de cada diez respondió positivamente (24% del total de hogares) y dentro de este grupo mayoritariamente se indicó que no deberían durar más de dos semanas (Gráfico 2).
[1] Nueve de cada diez padres en este grupo señalaron que la huelga afectó, en algo o mucho, la educación de sus hijos.
[2] Este porcentaje es del 73% si se consideran solo hogares con beneficiarios y donde el servicio de comedor estuvo interrumpido parcial o totalmente.
