El creciente y decisivo protagonismo de la Corte Suprema de Justicia en la vida nacional, exige que el nombramiento de las personas que la integra por parte de la Asamblea Legislativa se apegue los más altos estándares de idoneidad, transparencia y rendición de cuentas. Desde la primera edición del Informe Estado de la Justicia este tema ha estado presente en diversos estudios que señalan sus debilidades (http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7720).
Hoy en día esta selección en el Congreso se realiza sin una metodología adecuada, sin necesidad de motivar o justificar la decisión y mediante un voto secreto. Ello pese a que el impacto de esta decisión termina, nada más y nada menos, que definiendo la conformación de la instancia del más alto nivel en la gestión de la administración la justicia en Costa Rica.
Sin pretender ser exhaustiva, aquí explicaré tres importantes funciones de la Corte Suprema, por las cuáles debería interesarnos, y mucho, quiénes se postulan, cómo se eligen y cómo ejercen su magistratura los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Gobierno judicial
La Corte es la máxima autoridad del gobierno judicial en todo el conglomerado de entidades que comprende este Poder. Decide y responde sobre el presupuesto nacional de justicia, calculado en alrededor de 460 mil millones de colones en 2018, lo que equivalía a una inversión por persona de 168 dólares. Este nivel de inversión quintuplica el existente a inicios de este siglo.
Sus decisiones políticas y administrativas son obligantes para más de 846 oficinas judiciales desplegadas en todo el país: juzgados y tribunales, el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública, la Escuela Judicial, entre otros. Hay que decir que los asuntos de la gestión meramente administrativa concentran la mayor parte de labor de la Corte Plena.
La Corte define la política judicial, y con ello las prioridades y orientación de la institución en un nivel estratégico. Aprueba el plan quinquenal, los planes operativos del conglomerado judicial, y ha aprobado en las últimas décadas más de veinte políticas judiciales que incluyen temas desde la equidad de género, participación ciudadana, de diversidad sexual, hasta políticas de “Cero papel”.
Las personas magistradas también escogen cuál de sus pares atienden y ejercen la representación de la Corte en espacios institucionales como, por ejemplo, quiénes coordinan las más de cuarenta comisiones activas adscritas a la Corte, presiden los diferentes consejos y sus respectivas comisiones y asumen las representaciones regionales e internacionales.
Acceso y calidad de la justicia
Dos funciones de la Corte Suprema inciden directamente sobre la posibilidad de los habitantes del país de contar con un proceso justo, expedito, independiente e igualitario frente a cualquier violación a las normas legales y de sus derechos.
La primera de ellas es la gestión del recurso humano que imparte justicia, pues la Corte escoge a las personas que nos juzgarán. En efecto, los magistrados y magistradas son los llamados a establecer los lineamientos estratégicos de las políticas de reclutamiento y selección. También nombran directamente en el seno de la Corte Plena, regularmente con votos secretos y cada vez más divididos, las principales posiciones de jerarquía del Poder Judicial:
· La jefatura y subjefatura de la Defensa Pública y de la Fiscalía General, Dirección del OIJ y de la Escuela Judicial,
· las direcciones de Planificación, Gestión Humana, Tecnología, Jurídica, Ejecutiva, Prensa, etc.
· las personas juzgadoras de más alto rango (jueces 4 y 5),
· las magistraturas titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE),
Además, la Corte sugiere la lista de magistraturas suplentes a la Asamblea Legislativa para cada sala de casación y, de manera indirecta, participa en el nombramiento de todos los niveles de judicatura, pues el presidente y vicepresidenta presiden los Consejos Superior y de Judicatura que dirigen estos procesos, y nombran a las personas que conforman dichos órganos.
Parte de la gestión humana que hace la Corte se relaciona con la aplicación del régimen disciplinario a su personal. De manera directa, las 22 magistraturas resuelven en los casos disciplinarios de ellos mismos, de las jerarquías y judicatura 4 y 5, y de manera indirecta de todo el conglomerado, pues se encargan de seleccionar y remover a las personas integrantes del Tribunal de Inspección Judicial.
Como si todo ello no fuera suficiente, la función clave de la Corte Suprema de Justicia es la jurisdiccional: es el máximo decisor de los procesos judiciales. Cada magistrado y magistrada pertenece a una sala de la Corte y en esa tesitura, son los que determinan, en definitiva, las apelaciones a las sentencias de los tribunales menores. Con ellos termina un proceso judicial.
A ello se suma la jurisdicción constitucional, ejercida por 5 magistrados y 2 magistradas de la Corte Suprema, que deciden sobre temas de mucho interés general, y atienden como primera y única instancia alrededor de veinte mil casos al año, en una enorme diversidad de derechos de las personas.
Estado de derecho y balance de poder
Finalmente, pero no menos importante, el desempeño de la Corte Suprema en su función de control de la legalidad y de contrapeso de los demás poderes del Estado, es básico para el mantenimiento del estado democrático de derecho.
El fenómeno de la llamada judicialización de la política acrecienta el protagonismo de la Corte. Cada vez más, muchos temas de política pública se deciden en alguna de las Salas especializadas de la Corte y, con ello, otorga al Judicial un poder importante sobre el curso de la evolución del país, pues puede modificar decisiones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y, también, del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, si la Corte Suprema decide por mayoría que una ley afecta al Poder Judicial, se requiere mayoría calificada legislativa para su aprobación, con ello impacta el proceso parlamentario.
Buena parte de esta función de balance de poder se concentra en las magistraturas de la Sala Cuarta, por medio de la revisión constitucional que hace este tribunal de las leyes y políticas, tanto por el fondo como de forma. Ello termina decidiendo la suerte de las principales políticas públicas planteadas por la administración. La Sala Tercera asume otra parte de estos contrapesos como encargada de los procesos penales contra miembros de Supremos Poderes, cuya apelación se hace ante la totalidad de la Corte.
El Poder Judicial mantiene tensas y intensas relaciones con el resto del sistema político, ante los cuales debe constituirse como un árbitro independiente que funcione como verdadero contrapeso para los demás poderes. Cada país que ha tenido una reversión democrática
presenta, en común, que los tribunales de justicia y el control de constitucional se someten a la influencia de un determinado grupo de poder, utilizando interpretaciones flexibles de las normas para desaparecer los controles.
Cierre
Este apretado recuento de funciones demuestra que la Corte Suprema de Justicia concentra una gran cantidad de importantes funciones para la sociedad y la política costarricense. Es por eso que la ciudadanía y el Congreso deben reformar urgentemente los nombramientos de magistraturas, acercándolos más a los estándares internacionales y a las buenas prácticas probadas para garantizar de mejor manera la independencia y eficiencia judicial. Ello va en la línea de lo que han solicitado -infructuosamente hasta ahora- diversas autoridades en el tema, organismos regionales, internacionales, grupos de sociedad civil y academia
