El abuso del poder público para obtener beneficios privados es la principal característica de la corrupción, un problema que afecta de diversas maneras y con distinta magnitud la gestión de los Estados y la prestación de servicios públicos a la población. Aunque se trata de un fenómeno que es difícil dimensionar y conocer en toda su complejidad, producto de su naturaleza de ocultación y por el carácter difuso de los hechos que lo provocan, la cantidad de denuncias y casos que se someten a investigación judicial por este tipo de delitos suelen ser aproximaciones para conocer su magnitud y características, así como la capacidad de los sistemas de control y administración de justicia para su detección, juzgamiento y sanción.
Desde el año 2010, casi en todos los países centroamericanos es posible identificar denuncias de casos de corrupción que involucraron el desvío de grandes sumas de dinero e implicaron a altas autoridades de gobierno. En varios de ellos el descontento ciudadano que generaron provocó masivas protestas y por primera vez un Presidente de la República (Otto Pérez Molina de Guatemala) renunció a su cargo debido a la acción judicial y al escrutinio de los medios de comunicación y la movilización ciudadana, un evento impensable hace pocos años[1].
Además de las denuncias, el otro factor que contribuye a conocer y dimensionar la corrupción, es la percepción de las personas sobre este problema. Con el fin de ahondar en las percepciones y actitudes de la población centroamericana ante la corrupción, se llevó a cabo un análisis de dos fuentes principales de información, la Encuesta Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (Lapop) y la Encuesta Latinobarómetro que permitió determinar que la corrupción no es necesariamente considerada por los ciudadanos como el principal problema, pues existen otros asuntos relacionados con la economía, la pobreza y la criminalidad que generan mayor preocupación.
Pese a ello, en el 2016 la mayoría de la población centroamericana consideró que la corrupción había aumentado en relación con años anteriores, esta creencia es más fuerte en República Dominicana (72%), Costa Rica (66%) y El Salvador (56%) y se mantiene independientemente de la noción sobre progreso que se tenga del país (Latinobarómetro 2016 en Solórzano, 2019[2]). Uno de los factores que más inciden en la percepción de corrupción de las personas es haber sido víctima. De acuerdo con los datos del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés), en Honduras, Guatemala y República Dominicana ha aumentado el porcentaje de personas a quienes se les solicitó el pago de al menos un soborno durante el periodo 2004-2017, alcanzando para el último año cifras de alrededor de una cuarta parte de la población. El mayor crecimiento en la proporción lo experimentó Honduras, pasando de 18% en 2004 a 28% en 2016 (crecimiento de 10 puntos porcentuales) mientras que Costa Rica y El Salvador tuvieron disminuciones importantes (del 21% en el 2012 a 9% en el 2017 y del 19% en el 2014 a 13% en el 2017, respectivamente)[3].
De acuerdo con la Encuesta Latinobarómetro para el 2017, resulta preocupante que cuando se pregunta sobre la probabilidad de poder sobornar a un policía, un juez o alguna persona en general, sea la policía la señalada con la más alta probabilidad en varios países, seguida por los jueces (gráficos 2). En República Dominicana se observan los mayores porcentajes de personas que afirman que es bastante o muy probable poder sobornar a una de estas figuras (58%, 48%, 48% respectivamente). En promedio más de un tercio de centroamericanos considera que es bastante o muy posible sobornar a uno de estos actores, los mayores porcentajes los obtiene la policía, mientras que los menores los jueces. En contraste, menos de la mitad de la población considera que hay ninguna o poca probabilidad de sobornar a un policía o un juez. Entre 41% y 43% de las personas en Guatemala, Nicaragua y Panamá tiene esa posición en relación con la policía y en relación con los jueces la proporción es entre 45% y 46% en esos países y 50% en Costa Rica.
La posibilidad de combatir la corrupción de manera efectiva está directamente relacionada con el nivel de tolerancia o disposición de las personas a pagar sobornos y participar en prácticas de corrupción y la denuncia de este tipo de delitos. Sin embargo, de las personas que afirman que tuvieron que pagar algún soborno menos de una cuarta parte lo denunció. El mayor porcentaje de denuncia se presenta en República Dominicana donde el 19% afirma haberlo hecho, seguido de Honduras (11%) y Guatemala (9%). Además, de acuerdo con LAPOP 2017, en todos los países centroamericanos entre un 10% y 30% de la población justifica el pago de sobornos. En nivel de aceptación de este tipo de prácticas aumenta conforme la situación concreta en que ello sucede se acerca a la cotidianidad y necesidades de las personas (p.e. acelerar un trámite o acceder a un servicio público o un empleo) y alcanza el grado mayor de rechazo cuando las personas involucradas son políticos (p.e. un diputado acepta una “mordida” de una empresa).
En síntesis, aunque la corrupción no es uno de los principales problemas que identifica la población en Centroamérica, en la mayor parte de los países más de la mitad de la población considera que está aumentando. Dos de los mayores retos que parece enfrentar la región en esta materia tienen que ver con elevar la confianza en el sistema de administración de justicia para elevar la proporción de personas que denuncia la corrupción y reducir la percepción de corrupción sobre la policía y los jueces, funcionarios públicos cuya misión es brindar protección y tutela a los derechos de la población.
[1] PEN. 2016. En: Capítulo1, Sinopsis, Sexto Informe Estado de la Región. San José, Programa Estado de la Nación.
[2] Solórzano, A. 2019. Percepciones y actitudes con la corrupción en Centroamérica. Estudio preparado a solicitud de Wallmart de México y Centroamérica. San José, Proyecto Estado de la Región del Programa Estado de la Nación.
[3] Nótese que, en este caso se le pregunta al entrevistado si al acceder a alguno de los servicios se le solicitó el pago de algún soborno y no si lo pagó, esto porque es más probable que la persona tienda a mentir si se le pregunta si pagó o no un soborno dado el panorama de ilegalidad que esto tiene.
