¿Para qué hoteles sin monitos? Voces ciudadanas sobre propiedad y protección ambiental: el caso de Gandoca-Manzanillo

Las disputas recientes en torno al Refugio Gandoca-Manzanillo son una representación de los crecientes conflictos ambientales, los cuales ponen en jaque el modelo de conservación de la naturaleza, los ecosistemas y la biodiversidad que adoptó el país décadas atrás y que han sido clave para impulsar el turismo, los servicios sociales y la riqueza ecológica. Por supuesto, la forma en que gobernantes, instituciones y ciudadanía -organizada o individual- entienden la protección ha cambiado con el tiempo, pero si la narrativa continúa en dirección a su debilitamiento—como advierte el Informe de Estado de la Nación—, se exacerbará la cantidad y gravedad de estos conflictos, afectando la marca país y la calidad de vida de la población[1].

Propiedad y protección: un entramado complejo

Costa Rica -igual que todos los países- debe balancear las tensiones entre la conservación ambiental y el ejercicio de otros derechos, entre ellos el de la propiedad privada. Desde la segunda mitad del siglo XX, el país tomó decisiones firmes en la materia, como la creación de un sistema de parques nacionales y áreas protegidas. Y, en los años noventa, las fortaleció mediante nuevas normas e instituciones. Estas introdujeron restricciones importantes (como la prohibición del cambio de uso del suelo en los bosques), pero también incentivos que reconocieron el valor de conservar los recursos naturales, incluso en terrenos privados.

Existen dos grandes formas mediante las cuales el país resguarda legalmente los ecosistemas. Por un lado, las áreas silvestres protegidas (ASP), con sus categorías de manejo y sus grados de restricción (ver Merino, 2025). Por otro, los ecosistemas que tienen protección por sí mismos, independientemente del tipo de propiedad en que se encuentren. Los ejemplos más emblemáticos son los bosques -protegidos por la Ley Forestal- y los humedales, amparados también por la Convención Ramsar.

En el Mapa 1 puede observarse que una gran parte de la amplia cobertura forestal nacional se encuentra en propiedad privada, fuera de las ASP o de los territorios indígenas, que constituyen otra de las modalidades relevantes de protección. Según estimaciones realizadas para el Informe Estado de la Nación 2025, el 21,2% del bosque maduro del país está en manos privadas, así como el 45,4% del bosque secundario. Esto es legal, pero supone un reto creciente para la conservación, en un contexto en el cual mayores presiones pueden “tentar” a otras formas de uso y explotación de los recursos naturales.

De manera similar, los humedales representan un caso único: son a la vez una modalidad de ASP y un tipo de ecosistema con resguardo legal propio, sin importar su régimen de propiedad. En el Mapa 2 se observa que el 17% del total de estos ecosistemas se encuentra en terrenos privados. Aunque esto también es legal, las actividades que se desarrollan dentro de estas zonas es uno de los objetos de conflicto reciente más recurrentes, como ha documentado el capítulo ambiental del Estado de la Nación.

Voces de los actores: el frío no está en las cobijas… ni en las leyes

Pese a los múltiples esquemas legales de protección, el país enfrenta conflictos derivados de denuncias por daños al patrimonio natural en propiedades privadas. Ocurren, por ejemplo, en la Zona Marítimo-Terrestre, en las Zonas Protectoras o en refugios mixtos, como el de Gandoca-Manzanillo, donde conviven terrenos públicos y privados, de manera legal, pero bajo un régimen enfocado en la conservación como marco para el desarrollo humano. Aproximadamente el 26% del bosque maduro y el 37,9% de los humedales del refugio se encuentran dentro de propiedades privadas (Mapa 3; Merino, 2025 con datos de Alfaro, 2025).

Escuchar las voces de los actores permitió identificar algunas causas de estos conflictos. Por un lado, personas expertas en derecho ambiental coincidieron en que no provienen de la falta de leyes, sino de vacíos en su aplicación, tensiones institucionales y debilidades en el control y la fiscalización. A ello se suman presiones económicas para comprar tierras para desarrollos turísticos o inmobiliarios -no siempre con el adecuado resguardo ambiental-, prácticas de discrecionalidad o incluso corrupción en el otorgamiento de permisos.

Por otro lado, se realizaron entrevistas con actores vinculados directamente al Refugio Gandoca-Manzanillo, creado como modalidad mixta de protección, la cual admite la existencia de propiedades privadas sujetas a restricciones; entre ellas las que regulan bosques y humedales. De las entrevistas se pueden identificar como principales detonantes del conflicto:

• La coexistencia de terrenos privados y figuras de conservación genera incertidumbre y disputas sobre la aplicación de las normas.
• Se han otorgado permisos municipales o nacionales sin respaldo de planes reguladores, lo que socava la protección ambiental.
• Existe la percepción de una aplicación desigual de la ley, con mayor control sobre las comunidades locales que sobre los desarrolladores con mayor poder económico.
• La llegada de inversionistas turísticos y de proyectos de gran escala ha desplazado prácticas tradicionales, encarecido la tierra y transformado la composición social del territorio.
• Las comunidades afrodescendientes e indígenas perciben que esta situación reproduce formas de discriminación histórica.

Un “desorden facilitador”

El Informe Estado de la Nación identifica un “desorden facilitador”: la debilidad institucional juega en un marco normativo cambiante, a veces intencionadamente confuso, que permite excepciones y favorece intereses particulares. La constante modificación, suspensión o reinterpretación de leyes y decretos genera un terreno propicio para el deterioro ambiental y la pérdida de la confianza ciudadana. Los actores locales describen un “caos normativo intencionado”, en el cual las reglas se ajustan o ignoran según los intereses en juego. En la zona confluyen intereses económicos que han permitido daños ambientales en lugares donde el Estado debería ejercer control y vigilancia efectiva. Esto, sin detrimento de reconocer algunos esfuerzos que la institucionalidad pública —tanto la directamente involucrada en la gestión como la judicial— ha realizado para hacer cumplir mejorar las normas y cumplirlas.

Así como en la cultura se acuñó la célebre frase “¿para qué tractores sin violines?”, Costa Rica adoptó la idea de que su desarrollo económico y social debía ir de la mano con la conservación de la naturaleza, los ecosistemas y la biodiversidad. Como en muchos otros temas ambientales en Costa Rica, el caso de Gandoca-Manzanillo muestra una paradoja: un refugio creado para armonizar conservación y comunidad refleja las fallas de la gobernanza ambiental y la debilidad institucional del país para cumplir su promesa. A ello se suma una peligrosa narrativa reciente —impulsada incluso desde autoridades de gobierno— que presenta erróneamente al ambiente como un obstáculo para el desarrollo. En Costa Rica, sin naturaleza no hay desarrollo humano, ni turismo, ni bienestar, ni futuro… ni monitos.

Referencias bibliográficas 

Alfaro, M. (2025). Mapas e insumos para el análisis territorial del conflicto propiedad y protección ambiental. [Contribución realizada para el Informe Estado de la Nación 2025]. CONARE, PEN.

Brenes-Maykall, A., Faerrón Guzmán, C.A., Miller Granados, C., Segura-Román, D., Pérez-Molina, E., Alfaro, E., Chaves Ramírez, E., Montenegro-Hernández, E., Zumbado, F., Barrientos-Matamoros, G., Hidalgo, H., Álvarez López, J. D., Agüero-Valverde, J., Umaña-Ortiz, J., Chacón Araya, K., Corrales Chaves, L., Merino Trejos, L., Quesada Hernández, L., Vargas González, M.F… Mora Rivera, W. (2025). Capítulo 4: Armonía con la Naturaleza ambiental en Programa Estado de la Nación (Ed), Informe Estado de la Nación 2025 (31 ed, pp. 167-224). CONARE. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10967

Merino Trejos, L. (2025). Propiedad y protección ambiental: conflictos, desafíos y percepción de los actores. Consejo Nacional de Rectores, Programa Estado de la Nación. https://hdl.handle.net/20.500.12337/11015

Programa Estado de la Nación (PEN). (202). Informe Estado de la Nación 2025. CONARE. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10962

[1] Este artículo resume los resultados de una consulta con actores sobre los conflictos entre propiedad y protección ambiental. La lista de personas consultadas y la metodología se puede revisar en PEN, 2025 y Merino, 2025.