Limitaciones y alcances de la judicialización del derecho al agua en Costa Rica

Por primera vez y gracias a la utilización de herramientas automatizadas, es posible analizar un conjunto de más cinco mil resoluciones de la Sala Constitucional, en este caso relacionadas con el derecho humano al agua y valorar cuál ha sido la respuesta que da este tribunal a la población en sus más de treinta años de funcionamiento. Los resultados de este análisis fueron presentados en el libro de reciente publicación “El agua como derecho humano: reconocimientos y disputas en Costa Rica” y se sintetizan a continuación.

El crecimiento de las protestas de la ciudadanía por el acceso al agua en el país coincide con el crecimiento de las presiones y conflictos alrededor del recurso hídrico, detonadas por la contaminación, el desarrollo inmobiliario sin una adecuada planificación (PEN, 2020), los efectos del cambio climático y una compleja organización institucional y legal. Ante este aumento de la conflictividad, personas y grupos organizados ven en la Sala Constitucional la posibilidad de acceder a la justicia y reclamar sus derechos sin tener que recurrir a abogados, desembolsar grandes recursos económicos o ejercer presión por medio de manifestaciones numerosas.

Un ejemplo reciente de ello lo constituye el caso de los vecinos de Hatillo. La congestionada carretera de circunvalación que rodea San José, la ciudad capital, se cerró de nuevo recientemente por varias horas por un grupo de vecinos y vecinas de Hatillo, quienes en años pasados también han acudido a esta medida de presión para reclamar los faltantes de agua potable que sufren. Entre el abanico de presiones utilizadas también habían recurrido a la judicialización del caso con la presentación de un recurso de amparo en la Sala Constitucional hace dos años, argumentando lesiones al derecho a la salud, al agua, de petición y respuesta, y pronta resolución. El recurso fue declarado con lugar y el tribunal constitucional ordenó al AyA que en un lapso de un mes implementara “las acciones necesarias destinadas a solucionar en un corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en la población, sin perjuicio de otras soluciones a mediano y largo plazos que tenga proyectadas”, también indicó que “el reparto de agua por medio de camiones cisterna es insuficiente para garantizar este derecho fundamental (sentencia N° 2020-007754 del viernes 24 de abril de 2020). Pero la pesadilla tampoco ha terminado por esta vía.

Este caso de Hatillo representa tan solo una de las 5.184 resoluciones sobre el derecho al agua que ha conocido la Sala Constitucional durante el período 1989-2020, de las cuales 2.807, más de la mitad, fueron presentadas en la última década (2010-2020). Tal y cómo se profundiza en el libro mencionado, esta materia representa tan solo el 1% de los casos que ha conocido la Sala en treinta años de funcionamiento, sin embargo, sus criterios han jugado un papel clave en el reconocimiento de este derecho en el país, aunque no por ello están libres de debates y contradicciones.

Por la vía de la jurisprudencia constitucional se reconoció por primera vez en 2003 el agua como un derecho fundamental, asociado a la vida y a la salud, y más tarde como un derecho humano en sí mismo, incluso antes que las Naciones Unidas le reconociera como tal (en 2010). También estas sentencias han obligado a las instituciones proveedoras a realizar un debido proceso para la provisión o eliminación del servicio, y ha solicitado que aún en los casos en donde las personas no pueden pagar, se debe contar con una fuente pública de agua a una distancia razonable de las viviendas.

Sin embargo, aunque los casos sobre el derecho al agua tienen un alto nivel de admisibilidad (únicamente se rechaza un 14% en esta etapa inicial del proceso judicial), las tensiones aumentan a raíz de que solo un tercio de los casos admitidos (31%) son resueltos de forma exitosa, es decir, declarados con lugar o con lugar parcial para el demandante, y, además, estos carecen de mecanismos de seguimiento para su cumplimiento (gráfico 1), como en el ejemplo mencionado de Hatillo.

Como se discute en el capítulo sobre la judicialización del derecho humano al agua del citado libro, uno de los elementos clave que influye en estas tasas de éxito es el tema de fondo con el cual se enmarcan los casos, es decir sobre qué bases legales o constitucionales o convencionales se presentan los reclamos. Utilizando técnicas automatizadas de extracción y análisis de texto, este capítulo identifica tres líneas argumentativas dadas por la Sala Constitucional en los casos relacionados al derecho al agua, a saber:

• una en la que se le considera como un derecho entrelazado a la salud y la vida,
• otra en la que se le relaciona al medio ambiente y,
• una tercera en la que se conceptualiza como un servicio público enfocado en los derechos de petición y pronta resolución.

Esta intersección de derechos también influye en las tasas de éxito, ya que son las menciones al derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado las que obtienen mejores resultados, mientras que las menciones a los derechos de petición y pronta resolución corren mayor riesgo de tener resoluciones sin lugar (gráfico 2). Adicionalmente, los criterios de la Sala Constitucional muestran una creciente tendencia al disenso en temas ambientales, y en el caso del agua no es la excepción, expresada en votos divididos y notas separadas que evidencian múltiples visiones jurídicas.

Si bien es cierto la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sentado precedentes como el reconocimiento explícito del derecho al agua, otros aspectos como la conceptualización del agua como un servicio público sujeto a requisitos y trámites que no están al alcance de todas las personas, su negativa a analizar temas de costos y calidad, el aumento de traslados a instancias judiciales más costosas y con largas duraciones, y las crecientes tensiones a lo interno del Tribunal, han resultado en barreras para la exigibilidad del derecho humano.

En síntesis, se encontró una creciente demanda de la población por el derecho humano al agua judicializada principalmente en la Sala Constitucional, frente a una jurisprudencia cada vez más restrictiva en medio de un contexto de mayor escasez hídrica.

Referencias bibliográficas

Obando, K. 2021. Procesamientos de gráficos de la base de datos de sentencias constitucionales relacionadas con el derecho al agua. San José: PEN, Conare.

PEN. 2015. Primer Informe Estado de la Justicia. San José: PEN, Conare.

PEN. 2020. Informe Estado de la Nación 2020. San José: PEN, Conare.

PEN. 2020. Tercer Informe Estado de la Justicia. San José: PEN, Conare.

Villareal, E., Obando, K., Sibaja, N. (2022). Judicialización del derecho humano al agua en Costa Rica. En Villareal, E. & Wilson, B. (eds.). El agua como derecho humano: reconocimientos y disputas en Costa Rica. San José: PEN, Conare.