Cuando se piensa en una universidad, lo primero que viene a la mente son aulas, carreras y títulos; luego, quizá, laboratorios e investigación. Pero las universidades públicas costarricenses tienen una tercera función sustantiva, aunque menos visible: la acción social y la extensión universitaria. Se trata de las iniciativas con las que la universidad sale del campus para trabajar con comunidades, grupos y territorios. Por ejemplo, un trabajo comunal universitario en una escuela rural, un curso para personas adultas mayores, el acompañamiento a pequeños productores, una brigada de salud o un programa cultural en un cantón alejado.

Esta función es una de las formas más directas en que la sociedad recibe de vuelta lo que invierte en sus universidades, al mismo tiempo que las universidades aprenden y se enriquecen con la experiencia de las comunidades. Es, en suma, una expresión del valor público de la educación superior (PEN, 2025).

Una tarea con raíces históricas

La acción social tiene un origen histórico preciso. La Reforma de Córdoba, en Argentina (1918), colocó entre los objetivos de la universidad latinoamericana su vinculación horizontal con el pueblo (Tünnermann, 1998). Las universidades públicas costarricenses acogieron ese compromiso y, desde el siglo pasado, desarrollaron acciones, proyectos y alianzas en y con comunidades, actores sociales, empresas y territorios. Uno de los antecedentes más tempranos en el país son los Campos de Trabajo Odontológicos de la UCR, que desde 1954 llevan a estudiantes y docentes de Odontología a trabajar en comunidades alejadas (Filloy Esna, 2018).

Documentarla, en cambio, ha sido un desafío persistente. Las universidades públicas no tenían una práctica de evaluación de su acción social ni reportes que permitieran conocer con certeza el volumen de actividad y sus resultados (Román, Hidalgo et al., 2025).

Pero ¿por qué es importante contar con estos datos? Si ni las universidades ni la ciudadanía conocen la magnitud y los efectos de este esfuerzo, se podría debilitar la percepción pública sobre el papel de las universidades en el desarrollo nacional, más allá de la formación de profesionales. Además, sin conocer dónde y cómo trabaja la acción social, el país no puede integrarla en sus estrategias para atender desafíos territoriales y sociales (Román, Hidalgo et al., 2025).

Por primera vez, una cifra

Para el Décimo Informe Estado de la Educación, se coordinó un esfuerzo inédito entre las vicerrectorías de las universidades públicas para reunir su información: más de 12.000 registros de proyectos entre 2019 y 2024. Como se muestra en el cuadro 1, la consolidación de esos datos permitió documentar, por primera vez, que en el trienio 2022-2024 la oferta de acción social fue de al menos 3.241 iniciativas, y no se descarta que la cifra sea mayor debido a posibles subregistros de información. La mayoría se desarrolla en modalidades educativas y de apoyo a sectores productivos (PEN, 2025).

Correr la frontera: cartografiar la acción social

Territorializar estos proyectos a escalas finas amplía la frontera de investigación sobre la acción social universitaria y abre preguntas nuevas sobre a quién llega y por qué.

En el trienio 2022-2024, más del 40% de las iniciativas se concentró en la Región Central, la más poblada del país. Sin embargo, en términos relativos, la cobertura poblacional es mayor en las otras regiones. Por ejemplo, la Brunca y la Pacífico Central registran 34 y 32 proyectos por cada 50.000 habitantes, respectivamente, frente a 15 en la Región Central (cuadro 1).

El Décimo Informe Estado de la Educación documentó que la evidencia sugiere que “los proyectos tienen una lógica redistributiva territorial: tiende a haber más cobertura por habitante en lugares con menor desarrollo social”, sobre todo fuera del Valle Central (PEN, 2025).

Nuevos datos de la UCR para 2026 permiten examinar con más detalle ese patrón dentro de cada región (mapa 1). En la Región Central, por ejemplo, la cantidad de proyectos que cubren a mil habitantes tiende a ser menor en los distritos del centro que en  los distritos de los bordes. Fuera de ella, las regiones Brunca y Huetar Norte tienen una mejor posición relativa que los distritos centrales, y el resto de las regiones costeras (Chorotega, Pacífico Central y Huetar Atlántica) presenta intensidades mayores.

Si la acción social tiene una lógica redistributiva, cabría esperar que hubiera más proyectos por habitante donde las condiciones socioeconómicas son menos favorables. Con datos cantonales de los proyectos de la UCR para 2026, el gráfico 1 contrasta esa densidad con dos indicadores territoriales: el Índice de Desarrollo Social (IDS) y el Índice de Competitividad Cantonal (ICC).

Como se observa, el patrón sugiere que la acción social universitaria tiene mayor presencia por habitante en los cantones con menor desarrollo social y menor competitividad. Ambos indicadores, el IDS y el ICC, sintetizan varias dimensiones de la compleja realidad territorial, por lo que podrían estar captando parte del conjunto de condiciones socioeconómicas e institucionales que se asocian a las demandas de apoyo de los territorios. Esta distribución coincide, precisamente, con la aspiración de una política pública afirmativa: aquella que, de forma deliberada, concentra sus esfuerzos donde hay evidencia de mayores necesidades.

Una agenda de investigación para el Undécimo Informe Estado de la Educación

Medir los aportes de la acción social no es un ejercicio aritmético ni contable: es una forma de mostrar que la pertinencia de la universidad pública trasciende su oferta de formación académica.

Ante la necesidad de reposicionar el valor público de la educación superior estatal, es importante generar datos concretos que documenten el vínculo de las universidades públicas con las comunidades. Por eso, la agenda de investigación del XI Informe Estado de la Educación pretende ampliar estos resultados.

• Falta saber en qué medida estos patrones se reproducen en el conjunto de universidades estatales. Para ello se necesitan registros comparables, cuya construcción es una tarea compleja.
• Es deseable avanzar hacia nuevos tipos de indicadores que respondan a la pregunta: ¿cómo valoran los públicos beneficiarios los aportes de estos proyectos?

En general, estos datos buscan aproximarse a la experiencia de las comunidades y podrían convertirse en insumos útiles para diseñar políticas públicas más sofisticadas, con mirada social y territorializada.

Referencias bibliográficas

Filloy Esna, C. (2018). La Facultad de Odontología: misión, visión, aportes y prospección. Universidad de Costa Rica. https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2018/Carlos%20Filloy%20Esna-2018%20La%20Facultad%20de%20Odontologia.pdf

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). (2024). Índice de Desarrollo Social 2023. https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social

Murillo Rojas, M., y Camacho-Álvarez, M. M. (2025). Un acercamiento a la extensión y acción social de las universidades públicas de Costa Rica. CONARE, PEN. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10674

Programa Estado de la Nación (PEN). (2025). Capítulo 5. Educación superior. En Décimo Informe Estado de la Educación 2025. CONARE, PEN. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10640

Román Forastelli, M., Hidalgo, M., Quirós Rojas, A. de J., y Aragón, A. (2025). Pensando en indicadores para medir el perfil de la cobertura y pertinencia del área de acción social y extensión universitaria. CONARE, PEN. https://hdl.handle.net/20.500.12337/10845

Universidad de Costa Rica (UCR). (2026a). Estimaciones y proyecciones de población. Centro Centroamericano de Población [CCP]. https://ccp.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica (UCR. (2026b). Índice de Competitividad Cantonal. Escuela de Economía. https://economia.ucr.ac.cr/es/accion-social/ICC/

Tünnermann, C. (1998). La educación superior en el umbral del siglo XXI (2.ª ed.).