La portada del Informe: una frágil balanza conformada por rocas sólidas

Fuertes y sólidas, como las rocas de la portada, son las fortalezas históricas del conglomerado judicial costarricense. El Poder Judicial cuenta con amplias capacidades para cumplir sus funciones de impartir justicia y funcionar como contrapeso independiente con respecto a los otros poderes del Estado. Sus capacidades e independencia están, claramente, por encima de las de sus homólogos centroamericanos y destaca en América Latina como una de las instituciones líderes y mejor reconocidas como fortaleza del Estado de derecho en la región. Costa Rica suele ser muy bien calificada en los índices internacionales sobre democracia y, a nivel mundial, esto se explica en parte por esa fortaleza de su sistema judicial. El Poder Judicial atiende una alta litigiosidad: más de setecientos mil casos nuevos ingresan cada año y administra más de ochocientas oficinas. Durante la pandemia logró adaptar los servicios que presta, profundizando las plataformas virtuales que se venían desarrollando desde hace una década. De ahí que la portada acuda a la imagen de rocas, para expresar la idea de que esas fortalezas son sólidas.

Una balanza hecha de rocas, sin embargo, es frágil: puede desmoronarse si uno de sus componentes se descalza; en particular, si la roca que sirve de base se desplaza. Así, la portada del Informe comunica, sin ambages, un sentido de fragilidad y de riesgo. Las fortalezas, por sí mismas, no son suficientes para garantizar que el Poder Judicial costarricense salga airoso de los desafíos asociados al contexto que enfrenta.

Estos desafíos surgen por los problemas de larga data para dispensar una justicia pronta, cumplida e igual para todas las personas. En años recientes, los mismos indicadores globales que reporta el Poder Judicial sugieren un desempeño declinante en este ámbito. A esto se suman problemas de corto plazo como la reducción de la confianza ciudadana en el sistema de justicia, la caída en la inversión pública judicial asociada a la crisis fiscal, las tensiones del Poder Judicial con otros poderes del Estado y las tensiones internas en la gobernanza del conglomerado judicial, tanto dentro de la misma Corte plena como entre los distintos actores de este conglomerado.

La sensación de fragilidad en la portada evoca a una falla estructural interna del Poder Judicial, que conspira en contra de su solidez; específicamente, al hecho de que todo el funcionamiento del Poder Judicial costarricense tiene una alta dependencia de una única instancia: la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 22 personas magistradas. Esas 22 personas (o, en realidad 12, las necesarias para hacer mayoría) tienen el máximo poder de decisión dentro de este conglomerado institucional, en términos administrativos, jurisdiccionales y políticos. En pocas palabras, la Corte es la Junta Directiva, gerencia colectiva, máximo tribunal y órgano fiscalizador al mismo tiempo. Es la roca que soporta toda la estructura y consume toda su energía en mantener el balance necesario dentro del Poder Judicial y entre este y la sociedad.

El agravante es que la integración de esta Corte se realiza por medio de un proceso de nombramiento de magistraturas opaco y arbitrario, cuya responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa, tal como lo han señalado el Estado de la Justicia, el Foro de Justicia y la Relatoría de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Los diputados y diputadas se han resistido a mejorar este procedimiento de acuerdo con estándares internacionales y con el nivel de consolidación democrática del país.

Esta forma de gobernanza judicial, que persiste desde principios de siglo pasado, ha sido señalada por muchos, desde hace mucho tiempo, como un riesgo que debe ser atendido para revertir la excesiva concentración de poderes. Pese a las reiteradas advertencias, no ha sido posible lograr cambios profundos porque ha enfrentado fuertes resistencias por parte de los magistrados y magistradas de varias generaciones.

La dependencia del aparato judicial de la Corte Suprema de Justicia presenta importantes fragilidades. La primera es la cooptación: si la Corte es infiltrada, si llega a estar compuesta por personas no idóneas o simplemente sin la talla para gestionar el conglomerado, todo está en riesgo. La Corte puede nombrar jueces y juezas y toda la capa gerencial de la institución; influye en la calidad de las personas juzgadoras y administradoras, define políticas y prioridades; direcciona el presupuesto y disciplina el personal. Muchas de estas decisiones se toman en sesiones que no son públicas, con votaciones secretas y sin registro de razones.

La segunda fragilidad es el bajo desempeño: la concentración de funciones en la Corte es una limitación para una eficiente gestión, pues no hay manera de que un cuerpo colegiado pueda cumplir con tantas funciones al mismo tiempo. El resultado es la postergación de medidas para corregir fallas y, con ello, la denegación o retraso de la justicia para las personas. La gestión pública en colectivo, especialmente cuando es ejercida por no especialistas en gestión pública, es un obstáculo. Por ejemplo, la saturación de asuntos administrativos y comisiones que atienden las personas magistradas tiene una influencia directa en la gestión de las salas de casación a las que pertenecen, pues presentan duraciones que tienden a empeorar.

La tercera fragilidad es la lejanía con las personas usuarias. En el seno de la Corte se generan las propuestas para nuevos códigos, lineamientos de política judicial e iniciativas específicas que son creaciones de ciertos magistrados y magistradas, sin procesos participativos y con poca evidencia empírica de sustento. Ciertamente, se cuenta con políticas de participación y de justicia abierta, con canales para que las personas usuarias presenten sus quejas pero no se sabe qué incidencia tienen sobre las decisiones.

Una balanza hecha de rocas requiere una manera distinta de mantener el equilibrio, más allá de la mera fuerza de gravedad. Es necesario un “pegamento” que cree una unión entre ellas, para que funcionen como un sistema más robusto y preciso. Un fortalecimiento estructural de ese sistema implicaría una distribución de poder más horizontal dentro del Judicial, así como mayores pesos y contrapesos internos y externos, que creen mejores condiciones para reformas largamente postergadas.

A diferencia de las portadas de otros Informes, en este caso no procuramos que la imagen fuera polisémica, con una ambigüedad sugestiva intencional, sino que privilegiamos el mensaje directo. Naturalmente, como toda imagen, está inevitablemente sujeta a diferentes interpretaciones, pero nuestro interés fue comunicar una idea fuerza: que las fortalezas históricas del Poder Judicial tienen una base frágil.

Por último, presentamos la portada que, a pesar de no haber resultado seleccionada, quedó como segunda finalista. El fondo es el mismo, pues da profundidad a la imagen que se procura resaltar: en este caso, un peso sostenido por una débil cadena, con un eslabón roto. Aunque la imagen es sugestiva, se consideró que era más descriptiva y tenía menos fuerza que la que escogimos finalmente: la realidad actual, compleja y dura, ameritaba un pronunciamiento más fuerte que la simple descripción.