La portada del Quinto Informe Estado de la Justicia alude a una expresión coloquial o popular que retrata una actividad tristemente muy común en el país: “serruchar el piso”. Serruchar el piso, o simplemente, “el serrucho” es parte de la idiosincrasia costarricense.
Significa denigrar o degradar a alguien, debilitar su posición dañando su reputación. Usualmente es una actividad que se realiza en secreto, es decir, por la espalda de la persona, y con la intención de tomar su lugar, pero también puede hacerse al descampado, cuando conviene. Por cierto que esta expresión también es empleada en otras naciones del continente.
La portada sintetiza el principal mensaje del Informe: al Poder Judicial le están “serruchando el piso”. Esa serruchada no la hace un solo actor, sino varios, situación que quisimos representar con las tres figuras que están cortando el piso que les sostiene. Algunas figuras pueden ser externas al Poder Judicial, pero hay otras que pueden ser internas a la institución. Por eso, cada serruchada tiene una distinta dirección.
Cualquier serruchada es un ataque, sea como se haga y diga como se diga. El principal “serrucho” es la andanada de ataques políticos al Poder Judicial, inéditos en la historia republicana del país. Una situación verdaderamente extraordinaria en nuestra historia aunque tristemente común en otros países de América Latina con fuertes legados de autoritarismos.
Los ataques al Poder Judicial provienen de diversos frentes. Destacan los provenientes de otros poderes de la República. Aquí claramente los más visible son los lanzados por el Ejecutivo. El Informe también documenta protestas colectivas de la ciudadanía lideradas por actores políticos. A estas dos manifestaciones políticas se suma un tercer tipo de ataque, de naturaleza muy distinta: peligrosos atentados organizados por el crimen organizado contra las oficinas y personal judicial. Todo ello genera un entorno político hostil al Poder Judicial.
Hay serruchos internos que también debilitan al Poder Judicial. La incapacidad para resolver los atrasos en dispensar una justicia pronta, cumplida y equitativa son, objetivamente, una manera de autoserrucharse el piso. El Informe presenta investigaciones muy detalladas sobre este viejo problema que el Judicial no logra resolver.
Un punto muy importante es la idea de “ataque político” al Poder Judicial y la diferencia que hay en relación con la sana crítica ciudadana, un ejercicio democrático.
Los ataques son amenazas, intentos de evadir o influir en un caso, presiones para nombrar o destituir personal judicial, manipulaciones del presupuesto asignado o impulsar legislación que va en contra de la independencia judicial. Todas son acciones que no procuran mejorar el desempeño del Judicial, sino que lo que buscan es deslegitimarlo para así debilitar su independencia de criterio y someterlo a la voluntad del gobierno de turno. De lo que se trata es de remover el obstáculo que representa un Poder Judicial independiente al esfuerzo por concentrar y ejercer el poder político sin limitaciones.
La sana crítica ciudadana es algo muy distinto. Incluye manifestaciones de insatisfacción, desacuerdo y, en general, quejas sobre el funcionamiento de la institucionalidad que buscan reivindicar el derecho a la justicia pronta y cumplida y mejorar los servicios judiciales de manera que sean capaces de tutelar efectivamente las libertades y derechos.
Aunque el ataque político y la crítica distintos, tienen un área en común debido a que sus argumentos se basan en fallas reales y exponen necesidades válidas de la gente.
El problema es que en la actualidad, la narrativa del ataque político intenta acaparar, manipular y monopolizar la expresión de la crítica ciudadana con el fin de tener el mayor impacto deslegitimador posible. El serrucho a todo trapo.
La crítica ciudadana no puede caer en la trampa de que se politice, partidariamente, sus objeciones. Debe mantenerse como un ejercicio constructivo para fortalecer, desde la crítica, la institucionalidad del Poder Judicial, demandando reformas pero respetando su independencia.
Esta es la perspectiva de análisis crítico que se adopta desde el Informe Estado de la Justicia, una plataforma de información y análisis. Su propósito es generar nuevo conocimiento, dar seguimiento al desempeño judicial y servir como herramienta para apoyar la toma de decisiones que fortalezcan la administración de la justicia en Costa Rica, pilar fundamental de la democracia.
El Poder Judicial es sostén de nuestra democracia. Si se debilita, se debilitan los derechos y libertades de todos y gana la impunidad de los más poderosos y sus círculos de confianza.
Estaría, como en otros países de la región, al servicio del gobierno de turno y sus amigos. La ciudadanía estaría indefensa porque la resolución de conflictos sociales estaría subordinado a los intereses de esos círculos de poder.
Las garantías de derechos y libertades de las personas reducirían, empresas, medios de comunicación o centros académicos no contarían con un canal que imponga al poder político límites para que no atenten contra las normas y los derechos básicos de la persona.
En ese escenario, cualquier tipo de agresión personal, a nuestros bienes o familias, podrían quedar impunes, si es lo que interesa al grupo en el poder.
El estado democrático de derecho en Costa Rica no está en esta situación de sometimiento sistemático al poder político, pero sí estamos en la ruta de debilitamiento que han llevado a naciones vecinas a la desaparición de la independencia judicial. Por eso no hay tiempo que perder, es el momento para anticipar las reformas judiciales necesarias en sintonía con los valores que una gran mayoría defiende, los valores democráticos y evitar que se impongan desde fuera, desde la narrativa del ataque, sino que los cambios deben estar guiados por el principio de la justicia pronta, cumplida, independiente e igual para todas las personas.
Al serrucharle el piso a la justicia nos lo serruchamos nosotros mismos. Por eso, las cabezas de los individuos en la portada presentan un ‘desgaste’; una ‘difuminación’ que simboliza el acto irracional que significa afectar una institución de la cual todas y todos dependemos. De seguir así, nos podemos quedar sin el piso que sostiene nuestra convivencia democrática.