Costa Rica es reconocida a nivel mundial como una nación ecológicamente responsable, líder en iniciativas propias e internacionales en materia ambiental y con logros indudables en este campo. Sin embargo, varias señales -algunas acumuladas en el tiempo y otras más recientes- abren focos de riesgo para mantener esa imagen, tanto por la persistencia o aumento de algunos problemas sin adecuado abordaje, como por cambios en el discurso y compromiso del país en el tema.
Esta imagen se fundamenta en fortalezas históricas que el país alcanzó como resultado, principalmente, de importantes esfuerzos en la agenda de conservación. Así, por ejemplo, la creación de áreas protegidas inició de forma temprana desde los años cincuenta y, posteriormente, en la década de los noventa se crearon normas y se adoptaron políticas públicas con logros y efectos medibles: se contuvo la deforestación y se institucionalizaron los marcos de la protección de ecosistemas y la biodiversidad (PEN, 2023). También la superficie terrestre y marina bajo esquemas de resguardo creció 13,7 veces entre 1999 y 2022 (Sinac-Minae, 2023). A lo anterior se suman la recuperación de cobertura forestal, un comportamiento inédito en la mayoría de los países del mundo, y que alcanzó un 57,1% del territorio nacional en 2021 (Minae, 2023). También Costa Rica ha resaltado por la generación de electricidad a partir de fuentes renovables: en promedio 95,7% del total entre 1997 y 2022 (ICE, 2023).
No obstante, esta imagen de país verde convive con retos acumulados que comprometen la sostenibilidad ambiental y su capacidad de sostener ese liderazgo. Por un lado, el consumo de energía del país es crítico, altamente dependiente de los hidrocarburos, debido principalmente a los patrones de transporte y movilidad (que se caracterizan por ser “carrocentristas” y crecientemente contaminantes). También en la producción agropecuaria predominan prácticas poco amigables con el medioambiente, como el alto uso de agroquímicos y el bajo tratamiento de las aguas. A su vez se registran mayores presiones sobre los recursos hídricos (más agua concesionada y mayor déficit entre la demanda y la producción en algunas zonas del país) y la biodiversidad (creciente número de especies amenazadas). Todo lo anterior en un contexto de alta exposición ante factores externos como la variabilidad y el cambio climáticos, que puede potenciar la inequidad social en el acceso a los recursos naturales, el nivel de exposición de la población al riesgo de desastres, la inseguridad de las personas desde el punto de vista de su alimentación y la inestabilidad económica.
Además de estas contradicciones que tiene el país sin resolver, que afectan su sostenibilidad ambiental, hoy se suman nuevas amenazas que ponen en riesgo la imagen verde de Costa Rica. Aquí se plantean cuatro que se han identificado a partir de los resultados de estudios y discusiones sobre el tema.
- Reducción de recursos económicos: si bien el presupuesto para la protección de la diversidad biológica y el paisaje ha sido históricamente bajo (0,1% del producto interno bruto), recientemente se han reportado recortes significativos al presupuesto de instituciones clave como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En años en que el área bajo esquemas de protección aumentó un 524%, los fondos económicos del Sinac se redujeron una tercera parte (Sinac-Minae, 2022 y 2023). Lo anterior limita el cumplimiento de las tareas de control y fiscalización que la legislación nacional les otorga a estas instituciones como el Sinac, Minae y Conagebio.
- Discursos antiambientales: en el marco de la crisis generada por la pandemia del covid-19 se han vuelto a posicionar en el discurso público narrativas que conciben al ambiente como un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo del país, al tiempo que abogan por impulsar actividades extractivistas (con un alto impacto ambiental y social como la minería o la explotación de petróleo) y por flexibilizar las regulaciones ambientales en aras de generar beneficios económicos inmediatos, comprometiendo la base material sobre la que descansa la vida y el desarrollo humano (Merino y Chacón, 2022).
- Riesgos de regresividad o retrocesos ambientales: los pocos avances o el estancamiento que muestra el país en áreas en las cuales se impuso metas o adoptó compromisos, como la descarbonización de la economía nacional al 2030, la gestión integral de residuos sólidos, el manejo integrado del recurso hídrico o el uso sostenible del suelo agrícola, puede tener graves consecuencias para la calidad de vida de la población, el acceso equitativo a los recursos naturales, la seguridad ante amenazas climáticas y la salud de los ecosistemas. Esto puede incluso llevar a tendencias regresivas que ponen en peligro los resultados de conservación que alimentan tanto la imagen como la riqueza de Costa Rica en el escenario internacional (Faerron y Mora, 2023; PEN, 2023).
- Rupturas en la tradición de liderazgo de Costa Rica a nivel internacional: desde mediados del siglo XX el país destacó en el mundo por impulsar acciones pioneras e innovadoras en la gestión ambiental, como la constitución del programa de pago por servicios ambientales (PSA), la instauración del canon a la emisión de dióxido de carbono y la propuesta de crear la figura de experto independiente de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente. También por su incorporación a iniciativas como la Coalición de Países con Bosques Tropicales (2005), el Foro de Vulnerabilidad Climática (2009) y la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza (2019). Sin embargo, en los últimos años se han adoptado algunas decisiones que rompen con esta trayectoria. No se ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), firmado precisamente en el país. Tampoco se firmó la declaración de la Alianza para ir más allá del petróleo y el gas natural (BOGA por su sigla en inglés), iniciativa que Costa Rica impulsó y lideró junto a Dinamarca.
Costa Rica tiene fortalezas indudables, pero recorre una senda contradictoria de problemas acumulados y nuevos riesgos. Avanzar por ella podría no solo erosionar las bases de la imagen verde -que le ha traído no solo liderazgo internacional sino también turismo, ingresos y un posicionamiento sólido en el mundo-, también vulnera la sostenibilidad ambiental, los medios de vida de la población y el desarrollo humano. Si bien el riesgo es persistente, es posible revertir estas dinámicas con acciones claras, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, la participación de la sociedad civil y el compromiso del sector privado. Para ello se requiere, entre otras cosas, definir de forma transparente, informada y participativa las apuestas de Costa Rica en este tema, así como el camino para su implementación.
Referencias bibliográficas
Faerron, C. y Mora, W. 2023. Introducción – Los cambios legislativos y regulatorios reflejan la ambivalencia en la política ambiental costarricense. Investigación preparada para el Informe Estado de la Nación 2023. PEN, Conare.
ICE. 2023. Estadísticas sobre electricidad. Instituto Costarricense de Electricidad.
Merino, L. y Chacón, K. 2022b. “Desarrollo y ambiente: no se sale de la crisis sacrificando la sostenibilidad”. En: https://bit.ly/3ry8dih
Minae. 2023d. Mapa de tipos de bosques y otras tierras 2021. Informe técnico. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía.
PEN. 2023. Informe Estado de la Nación 2022. Programa Estado de la Nación, Consejo Nacional de Rectores. https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-estado-de-la-nacion-2023
Sinac-Minae. 2022. Informe anual de estadísticas Semec 2021. San José: Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía.
Sinac-Minae. 2023. Informe anual estadísticas Semec 2022: SINAC en Números. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía.
