En ocasiones, urge ver el vaso medio vacío. Siguiendo a la periodista y escritora brasileña Elaine Brum (2021), pensar solo en positivo viene con trampa: autocomplacencia, inmovilidad. Muchas veces se requiere susto, pánico, para generar acción y cambiar cosas. Una crisis de agua es, al mismo tiempo, una crisis ambiental, social, económica y política. Por ello, exige acción.
Saber si hay crisis depende a quién se pregunta. Para un grupo de la población quizás no sea notorio, pero en gran parte de Talamanca la carencia es norma. En Hatillo y otras zonas de la Gran Área Metropolitana (GAM), en la pandemia se vivieron más cortes de agua que nunca. Para hogares del este de San José, el problema estalló en 2024. Para los centros especializados en cambio climático, la crisis empezó antier y viene lo peor.
Es decir, desde una perspectiva del impacto de una crisis del agua, la situación reproduce desigualdades, evidencia debilidades de gestión pública y la postergación de soluciones integradas. Repasemos dos grandes retos para llenar el vaso.
Reto I: reconocer y atacar las paradojas en el uso. El uso del recurso hídrico fue, con claridad, un impulsor del marcado salto que vivimos en el largo plazo. Costa Rica tuvo fuerza para impulsar el uso de agua para el desarrollo, pero es débil para distribuirla equitativamente, controlar los impactos ambientales de ese uso y prever los riesgos que afectan hoy y a futuro. El país alcanzó un amplio acceso al agua potable (92,4%). El riego fue clave, cuando había mayor peso de la agricultura en la economía nacional y -por cierto- mayor seguridad alimentaria (ver capítulo 4 en PEN, 2024) y construimos una producción eléctrica limpia. La expansión de áreas silvestres protegidas y normas restrictivas permiten el cuido de importantes reservas. Y en salud, el amplio acceso redujo enfermedades antes muy extendidas.
Pero Costa Rica es débil para abordar varios desafíos paralelos. Primero, la desigualdad social. El Informe Estado de la Nación 2023 identificó que los cantones costeros del Caribe, zona fronteriza sur e incluso algunos del centro del país están a distancias amplias del promedio nacional en acceso al agua potable (mapa 1). Talamanca (en territorios indígenas es una deuda de larga data), Sarapiquí y Alvarado reportan niveles por debajo del 60%, mientras quince municipios se ubican por encima del 95% (ver capítulo 6 en PEN, 2023). Esta desigualdad también se refleja entre operadores, en especial los acueductos comunales, que funcionan con menos recursos y atienden, en muchos casos, comunidades vulnerables.
Mapa 1
Asimetrías cantonales en el porcentaje de hogares con acceso al agua potable. 2021
Fuente: PEN, 2023, con base en Pacheco, 2023 y datos del Índice de Competitividad Nacional del 2022.
También las inequidades se expresan en la continuidad del servicio. Hay insuficiencia de algunos acueductos para satisfacer la demanda. Según Vargas (2024) en el Informe Estado de la Nación 2024 (con datos del AyA), 22 de los 31 sistemas de acueductos en la GAM tienen condición deficitaria. En consecuencia, la suspensión del servicio es creciente (gráfico 1): según este mismo Informe, en el 2015 se registraron 398 cortes del servicio y en 2023 fueron ocho veces más; el año con mayor frecuencia fue en media pandemia (2020), cuando más se necesitaba agua en los hogares (7.315).
Gráfico 1
Cantidad de cortes del servicio de agua en sistemas de acueductos de la GAM
Fuente: PEN, 2024 con base en Vargas, 2024 con datos del ICAA.
Estas desigualdades se traducen en conflictos. En el Pacífico Norte han sido recurrentes las acciones colectivas en torno al uso de las fuentes, así como en Hatillo se experimentó una tensa protesta social en 2024, vinculada con los problemas de continuidad del servicio. El libro El agua como derecho humano: reconocimiento y disputas en Costa Rica (PEN, 2022) incluye un análisis de las luchas comunitarias y evidencia que, aun antes del reconocimiento constitucional en 2021, la población era activa en señalar al Estado como responsable de asegurar dicho derecho. Recientemente, una lucha en Oreamuno de Cartago por contaminación de fuentes con clorotalonil, coadyuvó a la publicación del decreto 44280-S-MAG-MINAE, que lo prohíbe en el país. También ha existido conflictividad expresada en el plano judicial. El número de recursos de amparo recibidos en el tema ha crecido casi dos veces, según ese mismo estudio.
Otra paradoja es que el agua utilizada en nuestras casas se devuelve sin tratar a los cuerpos de agua o va a tanques sépticos, con pocos controles y con implicaciones negativas para los suelos. Casi tres cuartas partes de la población usa esa tecnología, solo cerca del 25% está pegado a un alcantarillado sanitario y apenas cerca de 15% tiene algún tratamiento antes de llegar a los ríos. También el manejo de los residuos sólidos es débil y eso genera presión sobre las cuencas, particularmente en la GAM y en provincias con bajo nivel de recolección, como Guanacaste. Con frecuencia se presentan episodios de contaminación por actividades productivas, como se registró en torno a los agroquímicos de las plantaciones de piña, que afectan fuentes en el Cairo y Milano (PEN, varios años) y con la presencia de contaminantes emergentes, como en los recientes casos en cantones del este de San José.
Por último, no cuidamos los riesgos para la sostenibilidad y disponibilidad. El déficit en acueductos ya mencionada implica rezagos en planificación e infraestructura. Esto se ha convertido en una limitante al desarrollo, cuando no es posible otorgar permisos: según el Informe Estado de la Nación 2024 con datos de Aresep, el AyA rechazó el 21,9% de los trámites de disponibilidad hídrica entre 2019 y 2023, la ESPH el 11,8% entre 2022-2023 y los sistemas comunales en promedio un 9,7%. A los problemas de disponibilidad se suma el uso ineficiente, que se expresa en un alto porcentaje de agua no contabilizada (52,5% en 2023).
Es imposible no incorporar, además, la variable climática en esta ecuación. Si ya la variabilidad normal marca la urgencia de una planificación efectiva, el cambio climático altera -ahora y en el futuro- los promedios y patrones que son clave (precipitación, temperatura). Como analiza el capítulo 4 del Informe, hay afectación diferenciada en el territorio, que tendrá peso en particular en zonas con tendencia a la sequía, las cuales desde ya son conflictivas en este tema.
Reto II: la (famosa) gestión integrada del recurso hídrico. No hay un marco jurídico que la garantice, la rectoría es débil y la coordinación interinstitucional no es eficiente. Hay esfuerzos, estrategias y planes, claridad conceptual sobre la urgencia de lograr una articulación de políticas territoriales, productivas, urbanas, de conservación y otras, que derive en este tipo de gestión. Pero los rezagos en ordenamiento del territorio, la debilidad en la protección efectiva de las fuentes y las limitaciones institucionales, reducen la capacidad pública para lograrlo.
Es de reconocer la reciente incorporación del derecho humano al agua en la Constitución Política. Sin embargo, el marco normativo es disperso, la ley central es de los años 40 del siglo pasado, y existe resistencia -por más de década y media- para actualizarla, especialmente por argumentos contra la participación social (por cierto, la única manera de manejar los recursos naturales, según el Principio X de la Cumbre de Río) y el criterio técnico. Estudios del PEN, con apoyo del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, encontraron que no todos los usos actuales tienen peso en la legislación (como el turismo), que hay multas ridículas, que hay poco en materia de saneamiento de aguas residuales y no está claro el papel de la participación social en la gestión, entre otros aspectos.
Una fragmentación similar se ha señalado en las entidades encargadas. De hecho, la Contraloría General de la República planteó que no existe un subsector hídrico, articulado: tiene más de 20 instituciones, debilidad en la rectoría política y presiones de diverso tipo. Hay una tarea pendiente en fortalecer las capacidades los acueductos comunitarios, repensar su modelo.
Ante los nuevos desafíos, el país mantiene un esquema desactualizado y disfuncional para garantizar la gestión hídrica integrada, el acceso, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio, hoy un derecho humano.
Entrar o no, abiertamente, en una crisis del agua, depende de si se aborda el tema con prioridad política: es decir, no con discurso o papel, sino con músculo para mover la aguja.
El momento es complejo. No solo priman las presiones económicas con poco cuidado ambiental, sino que el país vive un cambio abierto de narrativa en este campo, que da la espalda al liderazgo internacional, reactiva el discurso extractivista, descalifica el criterio técnico y debilita las capacidades institucionales (ver capítulo 4 en PEN, 2024).
Evitar una crisis del agua, en ese marco, requiere de una preocupación que lleve a actuar: no angustiarse ante el vaso medio vacío, sino empezar a llenarlo.
Referencias bibliográficas
Brum, E. (2021). La Amazonia. Viaje al centro del mundo. Penguin Random House.
Pacheco, J. (2023). Desigualdades y desarrollo humano sostenible. Investigación preparada para el Informe Estado de la Nación 2023. PEN, Conare. https://bit.ly/3ODF8gC
PEN. (2022). El agua como derecho humano: reconocimientos y disputas en Costa Rica. Programa Estado de la Nación; Evelyn Villarreal, Bruce Wilson. PEN, Conare. https://bit.ly/49p5MDu
PEN. (2023). Informe Estado de la Nación 2023. PEN, Conare. https://bit.ly/3CSJoX1
PEN. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. PEN, Conare. https://bit.ly/4gn5UpH
Vargas, M. (2024). Uso y gestión de los recursos hídricos en Costa Rica: tendencias e impactos para el ambiente y el desarrollo humano sostenible. Investigación preparada para el Informe Estado de la Nación 2024. PEN, Conare. https://bit.ly/4idWezz
