En la tercera edición del Informe Estado de la Justicia, nuestra portada muestra el péndulo de Newton, con una estructura piramidal de fondo y en tonos sobrios. Este es un artefacto ideado en la física para mostrar el principio de la conservación de la energía, pese al movimiento constante: el movimiento de las esferas localizadas en los extremos golpea a los elementos del centro, pero no logra desplazarlos. Después de cada golpe, el movimiento será cada vez menor, hasta que se detenga por completo y se regrese a la situación inicial.
El péndulo es la metáfora que utilizamos para representar los principales hallazgos del Informe. Las esferas en movimiento representan al dinamismo auto-reformador del Poder Judicial. Por más casi tres décadas, la cúpula judicial ha promovido reformas legales, procesales, políticas innovadoras, proyectos e iniciativas de una gran variedad de temas, aunque con una energía decreciente en el tiempo.
El problema, documentado en este Informe, es que este reformismo no logra cambiar, en lo fundamental, las condiciones de gobernanza de la institución, un cuello de botella para obtener mejoras sustantivas en el servicio de administración de justicia. Las áreas dinámicas no mueven el “centro”, los dominios reservados de esa gobernanza, o áreas “tabú”, como la reforma al gobierno judicial y el nombramiento de magistrados, que afectan directamente la distribución de poder dentro de la institución.
Tampoco se logra situar el servicio que presta la institución a la ciudadanía en un nivel superior. En este ámbito, el péndulo sigue básicamente el mismo lugar: el reformismo judicial y la creciente inversión en la administración de justicia obtienen resultados mixtos. Los avances en la tutela efectiva de derechos, se combinan con antiguos y persistentes problemas: altas duraciones, disminución de productividad y aumento del costo del servicio.
En 2017 la Corte Suprema de Justicia creó diez grupos de trabajo de reformas urgentes, como respuesta a la crisis política del gobierno judicial debido al escándalo de corrupción que involucró a altos jerarcas judiciales. Este esfuerzo prometía cambios sustantivos en diversos temas, incluyendo el gobierno mismo del Poder Judicial y generó altas expectativas de mejoras. A más de dos años de esa promesa, el Informe documenta que solo se han aprobado un conjunto reducido de reformas, ninguna de las cuales modifican los problemas más gruesos del Poder Judicial. Las circunstancias que condujeron a la crisis del Poder Judicial en 2018 siguen ahí intactas y vetadas a los impulsos reformistas.
La promesa de “cambiar todo para que no cambie nada” es riesgosa. En la actualidad, el Poder Judicial está en una situación vulnerable y la falta de resultados sustantivos es una debilidad. Además, experimenta una fuerte exposición mediática, creciente escrutinio público, lucha de poder interna en la Corte, intentos de control del Poder Legislativo, recortes presupuestarios y un caudal disminuido de confianza ciudadana. Los escasos resultados pueden ser argumentos para reformas impuestas que debiliten la independencia judicial y recorten sus recursos. Por esas razones pretender seguir reformando quirúrgicamente a la institución, sin tocar la distribución de poder, es peligroso para el Judicial y para la democracia.