Deshojar la margarita en las urnas: disminuyen votantes habituales y aumentan quienes sufragan ocasionalmente en Costa Rica

Las democracias se distinguen de otras formas de gobierno por un aspecto fundamental: la celebración de elecciones, pero no de cualquier tipo, sino de aquellas en las que se respeta la voluntad popular. Para que unas elecciones sean consideradas libres y limpias, las sociedades y las instituciones deben garantizar el cumplimiento de dos condiciones claves. En primer lugar, no deben existir obstáculos para que la ciudadanía ejerza el voto. Tradicionalmente, donde han existido estas trabas han estado relacionadas con la administración y la depuración del padrón de personas elegibles, la exclusión de grupos de la sociedad que quedan marginados, así como el impedimento de obtener un documento de identificación para sufragar. Si estas barreras persisten, se restringen las oportunidades para que la ciudadanía manifieste su voz.

La segunda condición elemental para que las elecciones en democracia cumplan con sus fines es que los resultados reflejen plenamente la voluntad de las personas. La historia reciente ha demostrado que, en distintos países, desafortunadamente, los resultados oficiales se manipulan y tergiversan, con la finalidad de que las autoridades políticas al mando se perpetúen en el poder.

En aquellas sociedades en las que persisten obstáculos para que la ciudadanía acuda a las urnas a votar para elegir y renovar a sus autoridades políticas, o en las que, a pesar de que se celebran elecciones, se irrespeta la voluntad popular, se lesiona el principio básico que señala que la democracia es, esencialmente, certeza de las reglas e incertidumbre en los resultados. En algunos contextos, incluso es frecuente el bloqueo o la anulación de candidaturas de la oposición (Nicaragua y Venezuela).

La democracia costarricense considerada, en el primer cuarto del siglo XXI, como madura, consolidada y estable, también tuvo en el pasado obstáculos al voto de la ciudadanía como el voto indirecto y el bloqueo del sufragio femenino, los cuales se removieron en la primera mitad del siglo anterior[1]. Además, la historia política costarricense tuvo distintos episodios de fraude y manipulación de los resultados electorales, el último de ellos incluso fue uno de los detonantes de la guerra civil de 1948. No obstante, la adopción de reformas electorales como la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y bajo su amparo el Registro Civil, la alternancia pacífica del poder en las que el oficialismo entregó el poder a la oposición al perder las elecciones y remover las últimas barreras para que los partidos políticos comunistas y socialistas pudiesen participar de la competencia electoral, culminaron un largo proceso democratizador.

Este proceso de democratización del sistema político costarricense del siglo XX se vio acompañado de una alta concurrencia a las urnas. A lo largo de cuatro décadas, entre 1958 y 1998, en promedio un 80% de las personas acudían a votar cada cuatro años. El principal motor de este fervor cívico eran las sólidas identidades partidarias heredadas del enfrentamiento entre liberacionistas y anti-liberacionistas de mediados del siglo anterior que estructuró un sistema de partidos bipartidista. Con el tiempo estas afiliaciones se fueron debilitando y han sido sustituidas por identidades transitorias sin consolidarse (Alfaro, 2020). Producto de ello, la asistencia a las urnas ha disminuido a lo largo de 7 elecciones consecutivas.

En 1998, el abstencionismo aumentó del 18% (en 1994) al 30% y en 2022 se registró un histórico 40% de ausentismo. Mediante un análisis del comportamiento de cada una de las personas con derecho a sufragar a lo largo de cada una de las nueve elecciones presidenciales (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), es posible determinar cómo ha variado la disposición de la ciudadanía de ejercer el voto[2].

Estos datos permiten afirmar que la reducción de la participación electoral observada en Costa Rica ha seguido un patrón progresivo. Es decir, no se trata de un fenómeno en el que quienes votaban con regularidad se pasaron masivamente al bando de los que nunca votan. En su lugar, la ciudadanía se ha desmovilizado poco a poco, de manera gradual. Al analizar el comportamiento de todas las personas con derecho a votar en Costa Rica en todas las elecciones entre 1990 y 2022 (23 millones de observaciones), es clara la progresividad de la baja participación. Como se aprecia en el gráfico, la pendiente de las curvas no es una caída en picada, sino que es curvilínea. Se trata de descensos lentos, pero sostenidos.

Gráfico 1 

Cantidad de elecciones en las que no ha participado la ciudadanía costarricense (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia , 2024, con datos del TSE.

Por ejemplo, en 1994 el 47% de las personas votó en las dos elecciones de la serie de datos (1990 y 1994). Un tercio de esas personas (32%) sufragó en una de las dos, pero no en ambas. Además, una de cada 5 personas votantes (21%) no ejerció su derecho en ninguna de las dos (curva negra). Una elección más tarde, en 1998, el porcentaje de personas que siempre votó fue del 41%, un 27% no votó en alguna de las tres elecciones de las que hay registros (1990, 1994 o 1998). Un 19% no sufragó en dos de las tres y el 13% no lo hizo en ninguna de las tres (curva gris).

Como se mencionó anteriormente, la elección de 2022 constituye un hito en la baja de la afluencia electoral, pues es la primera vez en siete décadas en las que el abstencionismo superó el umbral del 40%. Los datos analizados para este texto ayudan a comprender qué fue lo que ocurrió. Con los registros de participación de cada votante con derecho a elegir en los 9 comicios entre 1990 y 2022, es posible conocer qué ha venido ocurriendo.

Concretamente, esta información descarta que la reducción de la asistencia a las urnas se deba, principalmente, a que ha crecido el porcentaje de abstencionistas habituales, es decir, aquellas personas que nunca votan, teniendo derecho a hacerlo. En Costa Rica, sólo el 1% de las personas empadronadas nunca ha votado a lo largo de 9 elecciones consecutivas. En su lugar, lo que ha ocurrido es que, primero, se ha reducido la cantidad de votantes que siempre vota (los votantes habituales) y ha aumentado el grupo de votantes ocasionales. Del 47% de personas que siempre votaba en todas las elecciones a mediados de los años noventa, hemos pasado a sólo un tercio (31% en 2022) con el mismo comportamiento (curva azul). Alrededor de una cuarta parte de las personas ha dejado de sufragar en 4 o más elecciones entre 1990-2022 (24%).

Finalmente, en este período (1990-2022) el padrón electoral aumentó en 1.849.860 personas habilitadas para votar, sin embargo, el número de quienes sí ejercieron el sufragio se incrementó en 739.522 personas, menos de la mitad del número de nuevos votantes. Mientras tanto, el número de personas que se abstuvieron de votar creció en 1.110.338 personas.

En síntesis, la retirada del electorado de las urnas a lo largo de las últimas dos décadas, acompañada de la crisis y el profundo debilitamiento de los partidos políticos, que ahora resultan ser prescindibles por la volatilidad y caída de sus apoyos, así como por la automatización de la oferta, constituyen serios desafíos para la estabilidad política de la democracia costarricense.

Referencias bibliográficas 

Alfaro, R. (2020). Capítulo 4: identidades políticas, participación electoral e (in)decisión en 2018. En R. Alfaro Redondo y F. Alpizar Rodríguez(editores), Elecciones 2018 en Costa Rica: retrato de una democracia amenazada (87-108). PEN, Conare. https://hdl.handle.net/20.500.12337/7969

Alfaro, R., y Rodríguez, F. (editores). (2020). Elecciones 2018 en Costa Rica: retrato de una democracia amenazada. PEN, Conare. https://hdl.handle.net/20.500.12337/7969

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[1] A finales de los años noventa se expandieron los derechos políticos con la cedulación masiva de la población indígena, el empadronamiento de las personas privadas de libertad y la instalación de juntas de votación para que estos dos grupos poblacionales pudieran sufragar.

[2] Se agradece a Astrid Valverde y a Juan Eladio Ramírez del Departamento de Estadística del TSE por la información suministrada, amparada en el convenio para desarrollar investigaciones sobre democracia y partidos políticos entre el TSE y el PEN.