Centroamérica: un complejo entramado para la gestión migratoria conjunta

Los retos asociados a los procesos migratorios son múltiples y los países de la región centroamericana enfrentan serios desafíos para fortalecer su débil capacidad para gestionar esos flujos, tanto a nivel nacional como regional. En algunos países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, a los determinantes socioeconómicos históricos se han agregado las violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado por razones de inseguridad, violencia y riesgo climático, así como las migraciones masivas (conocidas como caravanas) y el retorno y deportación creciente de personas desde México y los Estados Unidos. En el caso de Panamá y Costa Rica, receptores netos de migración, los retos asociados a la migración están relacionados, principalmente, con el fortalecimiento de las capacidades para la gestión e integración social de las personas migrantes.

Además de los cambios en los factores determinantes de los flujos, también se ha modificado el perfil de las personas que deciden o se ven forzadas a movilizarse. Entre ellos se encuentra el aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres, adultos mayores y personas gestantes. Ello hace más complejo el fenómeno y exige de los Estados de origen y destino y la institucionalidad regional, abordajes diferenciados.

Centroamérica también ha cobrado relevancia como corredor de flujos migratorios desde otras regiones y extra-continentales hacia los Estados Unidos, entre ellos venezolanos, cubanos, haitianos y africanos. Algunas de estas personas junto con las que se han visto forzadas a migrar por razones sociopolíticas buscan optar por la condición de refugio para proteger su integridad física y derechos humanos. A este fenómeno multicausal se le debe agregar un factor adicional: el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y México junto al estatus de “Tercer País Seguro” de Guatemala y Honduras, lo que ha creado un complejo entramado legal y de políticas unilaterales por parte de los estados, tendientes a desincentivar la migración, por el cual deben de navegar las personas migrantes, ONGs y los Estados (Capítulo 12: PEN, 2021).

Para dimensionar la magnitud de estos procesos es importante tomar en cuenta que la cantidad total de solicitudes de refugio por parte de personas centroamericanas pasó de 292.894 en el año 2000, a 447.422 en el 2019, siendo la mayor parte de solicitantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (gráfico 1). Además, según cifras de la OIM, el acumulado de centroamericanos retornados desde Estados Unidos y México entre 2016 y 2020 fue de 892.104, lo cual equivale a un 1,8% del total de la población de la región.

A pesar de que los procesos descritos trascienden las fronteras entre los países de la región y que los Estados tienen limitadas capacidades para atender de manera aislada estos flujos, los gobiernos no han logrado ponerse de acuerdo para generar un marco común para gestionar de manera conjunta y fortalecer la protección y tutela de los derechos humanos de las personas que se están movilizando.

En la mayor parte de las naciones, las acciones públicas asociadas a la migración recaen en direcciones que integran instituciones de migración y extranjería, con limitada participación de ministerios de trabajo y de inclusión social (Palma et al., 2011; OIT, 2016). De esta manera, cada país centroamericano ha ido anteponiendo sus intereses y principios de soberanía de los Estados en la creación de leyes y medidas. La carencia de acuerdos regionales ha dejado un vacío de herramientas que les permitan a los Estados colaborar y consensuar acciones conjuntas (Capítulo 12: PEN, 2021).

Ante esta necesidad, en 2010 se generó una solicitud a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) por parte de los presidentes y jefes de Estado de los países de la región, para que se elaborara una política migratoria consensuada, pero más de 10 años después, el borrador no ha sido conocido por el Consejo de Ministros ni los presidentes, y en 2018 en la Reunión de Presidentes y Jefes de Estado del SICA, se volvió a mencionar la necesidad de crear un instrumento para enfrentar los desafíos regionales de la migración (SICA et al., 2019).

Los vacíos generados por la falta de acción regional han resultado aún más evidentes en la crisis generada por la pandemia del covid-19, lo que ha implicado que miles de migrantes se hayan quedado varados en algunas fronteras, exponiéndolos a situaciones de alto riesgo. Por esta razón, el Sexto Informe Estado de la Región hace un llamado para completar el proceso de aprobación de instrumentos y herramientas que permitan la gestión migratoria a nivel regional, pues este vacío amplía y agudiza las vulnerabilidades y riesgos para las personas migrantes.

Referencias:

OIT. 2016. La migración laboral en América Latina y el Caribe. Diagnóstico, estrategia y líneas de trabajo de a OIT en la Región. Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

Palma, S., Bonnici, G. y Coria, E. 2011. Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana. México: Incedes y Sin Fronteras.

PEN. 2021. Sexto Informe del Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. San José: PEN.

SICA, OIM, Acnur. 2019. Hallazgos del estudio sobre línea de base sobre migración y desplazamiento forzado en la región del SICA: Informe Regional. Guatemala: Sistema de la Integración Centroamericana.

UN-DESA. 2019. International Migration Stock. Monitoring Global Population Trends. Nueva York: United Nations.