Aumentan riesgos y vulnerabilidad de las personas migrantes en Centroamérica

Desde el año 2000, las dinámicas migratorias de Centroamérica han estado determinadas por el aumento en los flujos de mujeres y menores no acompañados, del desplazamiento forzado, tanto interno como internacional, la movilidad en grupos masivos llamados “caravanas”, la configuración de México como país de destino y el incremento de personas retornadas y solicitantes del estatus de refugiado. Los hallazgos del proyecto de investigación Migraciones internacionales, refugiados y desplazamientos internos en Centroamérica, auspiciado por la Panamerican Development Foundation (PADF), muestran que estas dinámicas han hecho el fenómeno migratorio más complejo e introducen nuevos riesgos y fragilidades para la integridad física y patrimonial y la tutela de los derechos humanos de esta población.

En el año 2018 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) registró 315.779 solicitudes de refugio de personas de Centroamérica. De estas solicitudes, 119.257 (38% del total) correspondieron a personas de El Salvador, 27% fueron nicaragüenses y 24% hondureñas. Salvo en el caso de los nicaragüenses, de los cuales el 73% se dirigían a Costa Rica, los solicitantes de de El Salvador, Guatemala y Honduras se concentraban en los Estados Unidos y en segundo lugar, en México. España es el tercer lugar de destino para los salvadoreños y Canadá lo es para los guatemaltecos.

La falta de reconocimiento estatal y la falta de información sistemática, han limitado la toma de conciencia pública sobre la magnitud y características del desplazamiento forzado. De acuerdo con el Centro de Monitoreo Internacional sobre Desplazamiento Interno, El Salvador encabezaba la lista de países del hemisferio con la mayor cantidad de personas desplazadas con 246.000 nuevas víctimas en 2018. Aunque las cifras son menores para Honduras y no hay reportes para Guatemala, los problemas que originan el desplazamiento, como el recrudecimiento de la violencia interna, son comunes a los tres países.

Una de las principales amenazas en contra de niños, niñas y mujeres y hombres adolescentes es el reclutamiento forzado por las pandillas, el acoso y las amenazas, las cuales se dan con mayor intensidad en El Salvador. En el caso de las niñas y jóvenes, el riesgo es mayor por cuanto además de ser reclutadas por las pandillas, cuando un pandillero está interesado sexualmente en ellas, todo el grupo familiar se ve amenazado para presionar a los padres a entregar la menor a la pandilla. Las llamadas “novias de la pandilla” corren el riesgo de convertirse en esclavas sexuales de los pandilleros.  Esta dinámica también se presenta en Honduras y Guatemala.

La exclusión educativa es otro de los factores que impacta a la población menor de edad. Un estudio realizado por Save the Children en Guatemala en el 2018 señaló que en 131 centros educativos se identificó que 817 estudiantes (57.5% del total) vivían con temor de ir a la escuela debido a factores externos a la institución, 23% de los estudiantes y 28% del cuerpo docente han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido acosado por maras a la llegada o salida de la escuela.

Según información recogida por Cristosal, en Guatemala, Honduras y El Salvador existe un creciente número de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones que han sido víctimas directas de situaciones de amenazas y atentados, obligándolos a desplazarse (Sistema Regional de Monitoreo, 2019). De acuerdo con una investigación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en ese país y se ejecutaron unos 884 ataques contra líderes indígenas, mujeres activistas, personas defensoras de grupos LGBTI y periodistas, así como jueces, abogados y defensores de las víctimas del conflicto armado interno.

Otro de los rasgos de la nueva violencia estructural es la que victimiza a personas que forman parte de la población LGBTI+ en Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes desde una década atrás han sido parte de las víctimas del desplazamiento forzado tanto interno como externo.  Cuando estas personas se ven forzadas a desplazarse y no logran insertarse en el lugar de acogida, muchas veces se ven obligadas a dedicarse al trabajo sexual y eso se convierte en una nueva causa de desplazamiento forzado pues en los territorios controlados por las pandillas, son perseguidas y asesinadas y se convierten en víctimas de crímenes de odio.

A partir de abril del 2018 Nicaragua comenzó a generar desplazamiento interno y externo como consecuencia de la crisis política que vive ese país. De acuerdo con un estudio realizado en el año 2019, 75% de las personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a partir de esa fecha abandonaron Nicaragua por razones políticas y 51% de ellas señalaron haber recibido amenazas.

Desde el año 2018, las improvisadas caravanas de migrantes que salieron de Honduras, Guatemala y El Salvador marcaron un hecho relevante en las dinámicas migratorias de Centroamérica. De acuerdo con las investigaciones realizadas en el marco de este proyecto, muchas de esas personas dependen de la caridad de los habitantes locales o de la ayuda que prestan organizaciones humanitarias e iglesias para continuar su viaje y tener acceso a albergues o campamentos improvisados, y deben enfrentar la agudización de la medidas anti-migración implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México.

Las respuestas de los Estados al desplazamiento forzado puede mitigar los riesgos y vulnerabilidad de las víctimas y contribuir a la tutela de sus derechos, pero cuando estas intervenciones no se dan oportunamente o cuando las mismas autoridades contribuyen a generar el desplazamiento, la situación genera falta de gobernabilidad y reproduce el círculo de vulnerabilidad social, falta de oportunidades y riesgos crecientes que provocaron la decisión de migrar.

De acuerdo con los testimonios recolectados a partir de la investigación de campo realizada por Cristosal, en El Salvador y Honduras en el año 2019, las víctimas del desplazamiento forzado no encuentran amparo en las instituciones policiales ni en el sistema judicial para la investigación de los casos tampoco para beneficiarse de asistencia legal y de protección. 7 de cada 10 personas atendidas por Cristosal en el 2018 por desplazamiento no presentaron denuncias. Para las víctimas, interponer una denuncia supone un alto costo y el riesgo de sufrir represalias, lo que implica para ellas una situación de desamparo.

Fuentes

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