Ante la alarmante situación de los femicidios en Costa Rica ¿Cómo puede mejorar la respuesta el Poder Judicial?

En los primeros dos meses de este año 2025 ha muerto una mujer cada cinco días por su condición de género, es decir, asesinadas por un hombre que en la mayoría de los casos era su pareja o expareja sentimental. Los 11 femicidios que llevamos representan un aumento significativo con respecto al año 2024, cuando se contabilizaron en promedio dos casos al mes, para un total de 30 mujeres (Observatorio de Violencia de Género, Poder Judicial, 2024a). De seguir esta tendencia, al cierre de este año se podría duplicar la cantidad de femicidios, cifra que era alta desde hace años.

Si a las muertes se le suman la cantidad de denuncias ingresadas al Ministerio Público por tentativa de femicidios, los números aumentan varias veces más, pues solo en 2024 ingresaron 197 casos (gráfico 1) (PEN, 2024). La violencia contra las mujeres se suma al problema de inseguridad y crecimiento importante de los homicidios en Costa Rica. Aunque el peso del femicidio se mantiene en alrededor del 1% del total de asesinatos en los últimos diez años, la muerte de mujeres crece proporcionalmente a una mayor rapidez que la de los hombres (Salazar y Madrigal, 2021).

El número de femicidios constituye solo la punta del iceberg en la violencia contra las mujeres, pues es el delito que se reporta de inmediato y el más visible mediáticamente. Pero en el 2022 ingresaron 32.194 denuncias por delitos sexuales y violencia contra la mujer al Ministerio Público. Si a esta estadística se le suma la jurisdicción de violencia doméstica, los casos alcanzan más de 77.000 por año (el 15% de los ingresos nuevos del Poder Judicial anualmente) (Villarreal et al, 2024). Además, por muy diversas razones culturales y socioeconómicas, podría existir un alto nivel de subregistro correspondiente a las víctimas que no denuncian (PNUD, 2024)

En alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del proyecto Infosegura, el Informe Estado de la Justicia preparó una investigación sobre la tutela efectiva de derechos para delitos relacionados con violencia contra las mujeres (Villarreal et al, 2024). El hallazgo más importante es que la vía judicial es un acceso relevante para las mujeres víctimas que acuden a interponer miles de denuncias cada año.

El estudio inventarió las medidas que ha impulsado el Poder Judicial para atender esta problemática. Además, por medio de un muestreo de expedientes, analizó la ruta que éstos siguen en el sistema y detectó una serie de riesgos de tutela efectiva de derechos, tales como el acceso a la información, la labor probatoria, el acompañamiento legal, la duración del proceso, entre otros. Del análisis estadístico se concluyó que solamente el 14% de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres llegan a un juicio, de los cuales únicamente una tercera parte obtiene una sentencia condenatoria.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) a continuación se reiteran las principales recomendaciones que produjo este análisis, con el propósito de dar un papel central a las mujeres víctimas de violencia que recurren al Poder Judicial.

1. Crear una ruta de denuncia amigable:

El papel de las víctimas es central durante la etapa de investigación. El objetivo es crear una ruta de denuncia amigable a las usuarias que garantice efectivamente además sus derechos dentro del proceso penal. La denuncia es el momento en el cual se requiere acompañamiento para que la víctima brinde su testimonio, logre articularlo y mantenerlo con un buen resultado a lo largo de todo el proceso judicial. El Ministerio Público debe brindarles las herramientas (por ejemplo, un documento virtual muy intuitivo y accesible que explique sus derechos y el proceso) y el empoderamiento de las víctimas, recordarles que su voz es la más importante para llegar hasta las últimas instancias y así los culpables sean castigados.

2. Mejorar la comunicación durante todo el proceso:

Una importante cantidad de sugerencias recopiladas se concentran en la reivindicación e incorporación de las víctimas como parte central de todo el proceso. Para ello debe crearse canales de comunicación y realimentación expeditos con la víctima. Escucharles, conocer los hechos desde su perspectiva y atender sus necesidades judiciales en cada etapa.

3. Dar acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes:

La asesoría legal gratuita como un recurso para las mujeres víctimas marca la diferencia en las posibilidades de culminar un proceso judicial con una sentencia. Por ello, una mejora real en el acceso a la justicia será el poder brindar representación legal y acompañamiento psicológico gratuitos, agregando plazas a la Defensa Pública y reactivando la defensa de las víctimas en el Inamu, en coordinación con la Oficina de Atención de Testigos y Víctimas y el Departamento de Psicología y de Trabajo Social del Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Patronato Nacional de la Infancia, entre otros.

4. Ampliar cobertura de programas para mujeres:

Para proveer una atención integral a la víctima se requiere ampliar la cobertura de programas tales como la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (Pisav), el Protocolo de las 72 horas, o los equipos de respuesta rápida. Es urgente descentralizarlos fuera del Área Metropolitana. Un asunto específico de mejora a los PISAV, mencionado en las consultas, es que se diseñe su propio sistema de desempeño integrando todas las oficinas, de tal forma que se tengan indicadores cuantitativos y cualitativos de sus resultados.

5. Aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género para las policías:

Las investigaciones en delitos de violencia contra las mujeres tienen protocolos especiales y debe ser efectuada con perspectiva de género, de tal forma que se recuperen evidencias que serían ignoradas sin esta especialización. Es por ello que varias agencias internacionales han propuesto lineamientos al respecto, como por ejemplo ONU-Mujeres y Spotlight.

La actuación de la policía (Fuerza Pública y judicial) desde la denuncia es la base del caso, por ello deben aplicarse los protocolos específicos, las reglas para la inspección de la escena y la valoración de riesgos establecida en los informes policiales para estos casos.
Además, se requiere más recurso humano y tecnológico para aumentar la efectividad en las investigaciones de violencia contra las mujeres, desde insumos para los laboratorios y medicina forense hasta una mayor capacitación sobre el trato empático a la persona usuaria para eliminar los estereotipos machistas del personal policial.

6. Fortalecimiento de la Fiscalía Adjunta de Género:

Es necesaria una mayor disponibilidad de recursos financieros y humanos para poder mejorar el servicio en todo el territorio. Esto posibilitaría una respuesta más ágil, hacer supervisiones y acompañamiento a las fiscalías territoriales, capacitaciones continuas, y comunicación más efectiva de sus lineamientos.
Este fortalecimiento requiere generar información estadística homogénea y compartida para la planeación y evaluación del trabajo. Una propuesta específica es realizar un informe desde la Dirección de Planificación sobre los motivos por los cuales difieren los indicadores de gestión entre los circuitos judiciales, por ejemplo, las formas de cierre y las duraciones tiene una enorme variabilidad entre oficinas. De esta forma, replicar las buenas prácticas de despachos específicos a nivel nacional y contar con una herramienta de monitoreo constante y actualizada.

7. Fortalecer el trabajo inter-institucional

Claramente la violencia contra las mujeres es un fenómeno que excede las funciones del Poder Judicial, por eso es necesario fortalecer el trabajo conunto con otras instituciones (PANI, INAMU, CCSS, Fuerza Pública, etc.). Se deben incluir en los procedimientos las instrucciones para la articulación, que permita formalizar las alianzas que ocurren en la práctica, por ejemplo, con Fuerza Pública. Además, aprovechar estas alianzas para informar por medio de otras instituciones la disponibilidad de servicios de acceso a la justicia para las mujeres.

Las sugerencias anteriores se construyeron colectivamente a partir de los hallazgos del estudio Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres (Villarreal, et al, 2024), los criterios de personas expertas y los aportes de quienes participaron en los talleres de consulta de la investigación. Cabe indicar que estas recomendaciones se dirigen expresamente al Poder Judicial y no requieren aprobación de legislación nueva. Sin embargo, otras mejoras relevantes, que no han sido listadas aquí, requieren reformas legales ineludiblemente y la participación de varias instituciones responsables del tema.

Referencias bibliográficas

PEN. (2024). Capítulo 06: seguridad ciudadana y violencia homicida. Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2024. PEN, Conare. https://bit.ly/3DyvJoG

PNUD. (2024). Informe Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020. Estrategia ILAFEM: Autopsias psicosociales de femicidios. PNUD. https://bit.ly/3F6hHep

Poder Judicial. (2024a). Femicidio. Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y acceso a la justicia. Sitio oficial.  https://bit.ly/41M79de

Poder Judicial. (2024b). Resumen Estadístico del Ministerio Público. Estadísticas del Ministerio Público. Dirección de Planificación, Poder Judicial. https://bit.ly/43w8hTJ

Salazar Sánchez, K. y Madrigal Herrera, M. (2024). Factores que inciden en el aumento reciente de la violencia homicida en Costa Ria. Investigación realizada para el Capítulo 06: Seguridad ciudadana y violencia homicida. Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2024. PEN, Conare. https://bit.ly/4ioRYwa

Villarreal Fernández, E., Achoy Sánchez, J. y Calderón Zúñiga, K. (2024). Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres. Investigación realizada para el Informe Estado de la Justicia 2025. PEN, Conare. https://bit.ly/4buc1XQ