Justicia electrónica en Costa Rica: los retos de la virtualización en el Poder Judicial
En junio 2020, una persona privada de libertad pudo tener su primera audiencia virtual sin interrupciones desde el centro penitenciario Vilma Curling, cuando las medidas sanitarias tenían al país con fuertes restricciones de movilidad y distanciamiento social debido a la pandemia del covid-19. Esto fue posible gracias a que el Poder Judicial trabajó, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, para adaptar los servicios de justicia a la nueva realidad.
En el 2020, el contexto para el Poder Judicial estaba marcado por la crisis fiscal que redujo su presupuesto, un aumento de casos mediáticos de alto perfil, una tensa gobernanza interna y, como si fuera poco, convergió con el shock de la pandemia de covid-19. Pese a la convergencia de estas crisis, uno de los mayores logros del Poder Judicial fue garantizar la continuidad de sus servicios y, por ende, el derecho humano al acceso a la justicia.
Con el propósito de documentar cómo se adaptó el servicio de justicia a la pandemia, el Informe Estado de la Justicia 2022 generó un inventario de medidas tomadas por la Corte Suprema y el Consejo Superior relacionadas con el covid-19, durante el periodo de marzo de 2020 a octubre de 2021.
Liderazgo de la respuesta se concentró en Corte. Se aprobaron al menos 572 medidas para responder a la pandemia (gráfico 1), la mayoría en la Corte Suprema. La efectividad en la respuesta fue posible gracias a la sinergia de 327 medidas de back-office, que profundizaron la digitalización procedimientos administrativos y la organización del teletrabajo; y 245 medidas de front-office que facilitaron la interacción entre el Poder Judicial y las personas usuarias, por ejemplo, los protocolos de uso de herramientas como las videoconferencias y audiencias virtuales.
La carga de trabajo que representó para la Corte Suprema mantener la continuidad del servicio, se agregó a la ya de por sí alta y creciente cantidad de asuntos administrativos que tramita, y las más de cien comisiones institucionales que atienden los magistrados y magistradas. Por todo esto, en el período 2019-2021 aumentó la cantidad de tiempo que la Corte dedica a los asuntos administrativos de rutina, vis a vis los asuntos estratégicos de la política judicial y sus responsabilidades como máxima autoridad jurisdiccional en cada sala de casación.
Justicia electrónica se profundiza. La profundización de la justicia electrónica fue posible gracias a la inversión tecnológica antes de la pandemia. En el transcurso de los años 2000-2008, una ola reformista en el Poder Judicial planteó mejoras tecnológicas a mediano plazo enmarcadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la compra de hardware, software y la contratación de consultorías que mejoraran su preparación para el servicio electrónico (PEN, 2015).
Los avances en justicia electrónica permitieron que, ante la emergencia sanitaria, el Poder Judicial utilizara las plataformas tecnológicas ya existentes y depositara la mayor cantidad de recursos en la implementación de acciones de pronta adaptación, que cumplieran el debido proceso y garantizaran el acceso a la justicia. La cantidad de servicios en línea incrementa considerablemente en 2020 (gráfico 2) (veáse más detalle en el capítulo 5).
Atender la brecha digital de las poblaciones vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, las poblaciones en condición de vulnerabilidad adquieren particular relevancia porque su escaso acceso a tecnología y conexión a internet puede acentuar las dificultades para hacer valer sus derechos y acudir ante el sistema de justicia. A pesar de lo anterior, únicamente el 19% de las medidas estaban dirigidas a una o varias poblaciones en condición de vulnerabilidad. Desde antes el Poder Judicial ha implementado algunos procedimientos, por ejemplo, el uso de las normas que establecen la obligatoriedad de facilitar todos los documentos impresos a poblaciones en condición de vulnerabilidad fue continuo, así como preguntar en las etapas iniciales de los procesos si alguna de las partes requiere una atención diferenciada. Es factible que las medidas restantes, por su alcance general, tienen algún efecto sobre las poblaciones mencionadas. Sin embargo, no se ha realizado un abordaje explícito en relación con tales grupos.
Ejercicio de experiencia de persona usuaria marca ruta de mejora. La virtualización economiza recursos, pero plantea el desafío de contar con indicadores que monitoreen las necesidades las personas usuarias y los efectos de la brecha digital. El Informe Estado de la Justicia 2022 empleó una metodología de experiencia de usuario para valorar las percepciones de las personas que usaron el sistema de gestión en línea y las audiencias virtuales. Si bien la valoración fue mayoritariamente positiva, también fue posible detectar “puntos de dolor” en los que se requieren mejoras en estas interacciones virtuales, con un nivel de detalle muy específico, por ejemplo la posibilidad de descargar el expediente completo en PDF, recibir acusos de recibo cuando se envían o cargan archivos al sistema virtual y mejorar la difusión y capacitación para la modalidad virtual.
Como recomendación para que el Poder Judicial logre que sus avances sean sostenibles y perfectibles en el tiempo, se necesita la conceptualización e implementación de una política institucional de justicia electrónica que coloque a las personas usuarias en el centro de la toma de decisiones. El alcance de la política debe considerar la interseccionalidad del impacto en ciertos grupos, como lo son las poblaciones en condición de vulnerabilidad, e implementar las medidas necesarias.
Referencias bibliográficas
Albán, S. 2022. Análisis de usabilidad y experiencia de usuario en el Poder Judicial: una aproximación a la justicia electrónica. Ponencia preparada para el Cuarto Informe Estado de la Justicia. San José: PEN.
Fernández, D. 2002. Visualizaciones y gráficos para el Capítulo Cinco. Contribución especial realizada para el Cuarto Informe estado de la Justicia. San José: PEN.
PEN. 2022. Cuarto Informe Estado de la Justicia. San José: PEN, Conare.
PEN. 2022. Base de datos de medidas del Poder Judicial ante el covid-19. San José: Programa Estado de la Nación, Conare.
PEN. 2022. Base de datos de medidas del Ministerio Público ante el covid-19. San José: San José, Programa Estado de la Nación, Conare.
