PEN y Observatorio de Justicia Penal de Honduras realizan publicaciones sobre legislación y costos de la corrupción
Agosto, 2019. El Observatorio del Sistema Penal de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) en Honduras, con el apoyo técnico del Programa Estado de la Nación, realizaron dos publicaciones que abordan los principales temas relacionados con la legislación para el combate a la corrupción y sus costos sociales en Centroamérica.
Dichas publicaciones se dan en el marco de una colaboración amplia que el PEN está brindando a la MACCIH, específicamente al Observatorio de Justicia, por medio de asesoría técnica, guía metodológica, diseño de los eventos, contratación de los ponentes, así como el apoyo con el control de calidad de las ponencias.
De acuerdo con Evelyn Villarreal Fernández, Coordinadora del Informe Estado de la Justicia, el Programa Estado de la Nación ha apoyado a Honduras para elaborar también un Informe sobre el Estado de la Justicia Penal; como parte de dicha colaboración, en marzo 2019 se llevo a cabo en conjunto un primer Seminario Internacional denominado “Los costos de la corrupción en Centroamérica: El caso de Honduras”.
Las dos investigaciones publicadas: “Legislación e inconstitucionalidad para el combate de la corrupción en Centroamérica” y “Los costos sociales de la corrupción”, fueron parte de las ponencias que presentaron expertos en la materia durante dicho seminario llevado cabo en Tegucigalpa, Honduras.
La publicación de estas ponencias constituye el inicio del programa de publicaciones del Observatorio del Sistema Penal, dedicadas al tratamiento del tema de la corrupción en Honduras, como resultado de la labor de monitoreo y seguimiento que la sociedad civil de este país hace al sistema de justicia penal del país en el marco del Observatorio.
Para Cecilia Cortés, Jefa del Observatorio del Sistema de Justicia Penal: “el objetivo de estas publicaciones, así como de la labor del Observatorio, es la generación de pensamiento y nuevo conocimiento acerca del desempeño del sistema de justicia penal, con el propósito de facilitar una toma de decisiones informada de los principales actores para su fortalecimiento”.
La ponencia “Legislación e inconstitucionalidad para el combate de la corrupción en Centroamérica” estuvo a cargo de la investigadora guatemalteca Ana Castro Villatorio, especialista en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Dicha publicación hace un recuento de la evolución que han tenido los marcos legales e institucionales relacionados con esta temática. En materia legislativa, se identificaron avances que promueven la prevención de corrupción, así como la sanción y detección. La nueva legislación que resalta en materia preventiva son las aprobaciones de Leyes de Acceso a la Información Pública, instrumento fundamental para la auditoría social, y por ende la denuncia de corrupción.
En términos de detección de corrupción, se resalta la creación de estructuras especializadas en la investigación, por ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, protagonista en la acusación de funcionarios de alta jerarquía y la identificación de estructuras de crimen organizado dentro del Estado. En Panamá, se adopta la nueva estructura funcional de las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. La reforma más relevante en la región relacionada con sanción de corrupción durante los últimos 10 años fue la Ley Contra la Corrupción en Guatemala.
En el caso de Guatemala y Honduras, el fortalecimiento institucional tiene un aliado importante: estructuras externas creadas exclusivamente para ese efecto. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, han tenido un rol activo en el traslado de capacidades e incidencia de marcos legales institucionales.
Por su parte, la publicación “Los costos sociales de la corrupción”, elaborada por la costarricense Hazel Feingeblatt, periodista y especialista con amplia experiencia en Política, ofrece una sistematización de bibliografía reciente y algunos métodos de cálculo utilizados por instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en Latinoamérica para estimar los costos directos e indirectos del daño social causado por la corrupción.
También, la autora hace un breve repaso por experiencias, particularmente en materia de retos en acuerdos internacionales para la recuperación de activos y la transferencia y uso de estos fondos, lo cual resulta de interés para la región dada su experiencia con casos de corrupción protagonizados por empresas transnacionales.
Esto con el objetivo de identificar factores y elementos importantes de incluir en futuras metodologías de cálculo. Por tanto, no se busca examinar a profundidad los conceptos ni elucidar las diferentes discusiones existentes sobre diversos aspectos del tema, sino más bien ofrecer alguna bibliografía actualizada que el lector puede explorar según sus intereses o necesidades.
Ambas publicaciones sobre la temática de la corrupción en Honduras y Centroamérica, se encuentran disponibles en la página web del Programa Estado de la Nación:
