PEN junto al PNUD realizarán investigación sobre el proceso judicial en los casos de violencia contra las mujeres

• Estudio será incluido en el próximo Informe Estado de la Justicia.
• Convenio con PNUD abarca el proceso de diseño metodológico, implementación y difusión de la investigación dentro del informe.

En un esfuerzo por abordar el problema de la violencia contra las mujeres en Costa Rica, el Programa Estado de la Nación-Conare y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto regional Infosegura que ejecuta en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han establecido un convenio para llevar a cabo una investigación que pretende analizar en profundidad el proceso judicial que siguen los casos de violencia contra las mujeres en el país.

El estudio busca identificar la situación y capacidades actuales del sistema de justicia para tutelar de manera oportuna y efectiva los derechos de acceso a la justicia y debido proceso en casos de delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como plantear oportunidades y medios de mejora.

“El convenio surge por la coincidencia de objetivos y prioridades del PEN y el PNUD en materia de acceso a la justica y atención y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres”, indicó Randall Brenes Suárez, Oficial de Gobernabilidad y Desarrollo Humano del PNUD.

En este marco, el pasado miércoles 14 de junio se llevó a cabo un primer taller de consulta para el diseño metodológico, en el cual participaron personas expertas, integrantes de organizaciones sociales, académicas y personal del sistema judicial. Este taller sirvió para desarrollar un diálogo, retroalimentación y análisis sobre los alcances de la futura investigación, considerando las particularidades y desafíos que podría presentar.

El Informe del Estado de la Justicia de 2015, señaló que los delitos sexuales, contra la vida, contra la autoridad y las infracciones a la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres tienen una alta presencia en el grupo de riesgo de tutela. Adicionalmente, se cuenta con estadística de los últimos diez años que comprueba una alta tasa de desestimación y sobreseimiento a este tipo de delitos, a la par de un crecimiento en el número de denuncias.

Sin embargo, no se cuenta con información sistemática sobre las razones de estos resultados, más allá de explicaciones casuísticas. Esta falta de información específica y las debilidades de seguimiento de la judicialización de la violencia contra las mujeres, es el principal vacío que pretende subsanar el estudio respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la preparación del Poder Judicial y el nivel de riesgos de tutela efectiva de derecho en procesos judiciales en temas de violencia contra las mujeres?

Costa Rica, como firmante de los principales instrumentos internacionales de lucha contra la violencia de género, ha implementado avances normativos para combatir este tipo de problemática. De manera preocupante, informes proporcionados por el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, PNUD y el Programa Estado de la Nación revelan un aumento en las estadísticas de homicidios, feminicidios, violencia intrafamiliar, acoso y hostigamiento sexual.

En un Estado de derecho, la aspiración es que estos delitos sean sancionados con justicia pronta, cumplida, independiente y equitativa. Aunque las denuncias se registran y se monitorean cada vez más, existe una falta de estadísticas sobre cómo se judicializan, procesan y garantizan los derechos de las mujeres en el sistema judicial.

“El convenio entre el Programa Estado de la Nación-Conare y el PNUD, en el marco del proyecto regional Infosegura con el auspicio de USAID, da la posibilidad de realizar un estudio inédito -no solo en Costa Rica sino también en la región latinoamericana- con base en información trazable para casos cerrados, que permita analizar su evolución desde la denuncia hasta su cierre definitivo; con el fin último de promover un acceso a la justicia pronta y cumplida para todas las mujeres”, declaró la coordinadora de investigación del Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal.

Esta investigación proporcionará información objetiva sobre una de las críticas más frecuentes dirigidas al Poder Judicial en relación con la baja tasa de sanción en estos delitos. El estudio aplicado propondrá mejoras para la capacidad del sistema judicial para procesar eficazmente estos casos y contribuirá a una mejor comprensión de estos desafíos.