Impacto de la Regla Fiscal en la Educación Costarricense en la próxima década es analizado por el Informe Estado de la Educación
Enmarcada en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018), la Regla Fiscal (RF) limita el crecimiento del gasto estatal con base en el crecimiento del PIB nominal y la relación de deuda del Gobierno central respecto al PIB. Esta normativa ha redefinido la política presupuestaria del sector público, condicionando el aumento de la inversión social a parámetros económicos específicos, con el objetivo de controlar la deuda pública y garantizar la sostenibilidad fiscal.
Entre 2018 y 2024, el presupuesto promedio anual del MEP fue de ¢2.58 billones, representando un descenso del 7.40% al 5.27% del PIB. Este retroceso financiero, notable desde la perspectiva constitucional que estipula un 8% del PIB para educación y genera un desafío significativo para la sostenibilidad de la inversión en educación. Según proyecciones del Ministerio de Hacienda, se espera una reducción gradual de la deuda del Gobierno Central de 60.9% del PIB en 2024 a 36.3% en 2035, acompañada por un crecimiento promedio anual del PIB del 6.34%. Esta dinámica influirá en el presupuesto del MEP, que podría disminuir al 4.91% del PIB para 2029, situándose por debajo de los parámetros constitucionales.
El análisis detallado revela que programas clave como la Implementación de la Política Educativa y Programas de Equidad sufrirán ajustes presupuestarios significativos, afectando la ejecución de políticas educativas estratégicas en el país.
La aplicación de la Regla Fiscal no es un fin en sí mismo, no está por encima de la Constitución, ni la elaboración de presupuesto es solo un ejercicio únicamente técnico, al contrario, el gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la posibilidad establecer prioridades de inversión en aquellas áreas que se consideren estratégicas para el desarrollo nacional.
Una Regla Fiscal aplicada con un enfoque exclusivamente fiscalista como hasta ahora plantea desafíos críticos para la educación en Costa Rica, limitando la capacidad del MEP para financiar programas esenciales y cumplir con mandatos constitucionales. La búsqueda de equilibrio entre sostenibilidad fiscal y mejora educativa emerge como un imperativo para las políticas futuras.
El próximo Informe del Estado de la Educación 2025 incluirá un capítulo especial que analizará Escenarios de Recuperación Gradual de la Inversión Social en Educación, considerando la Regla Fiscal pero también la identificación de áreas prioritarias de atención que le permitan al país para salir de crisis educativa actual y mejorar los resultados educativos, en los próximos diez años.
Se busca, anticipar los retos y oportunidades que enfrentará el sector educativo costarricense en la próxima década, delineando la necesidad de reformas estratégicas y ajustes presupuestarios para alcanzar metas educativas ambiciosas en un entorno fiscalmente responsable.
En este esfuerzo de investigación, el jueves 11 de julio se realizó un taller de trabajo con expertos nacionales en educación, para analizar el impacto de la Regla Fiscal tal y como se ha venido aplicando, así como para identificar metas educativas estratégicas que habría que considerar para lograr una recuperación gradual de la inversión cercana a la disposición constitucional del 8%, en los próximos años. Se utilizó una técnica de consulta estructurada denominada de “Juicio Grupal Ponderado” cuya aplicación permitió identificar 10 metas prioritarias entre los participantes.
