Actores sociales y políticos discuten sobre los requerimientos para crear de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa en Costa Rica

El jueves 5 de septiembre se llevó a cabo el tercer foro del ciclo de encuentros titulado “Desafíos para la creación de un Sistema Nacional de Macroevaluación Educativa robusto y de calidad”, con el objetivo de crear espacios de dialogo informado sobre temas estratégicos para mejorar la calidad de la educación costarricense, centrado en los requerimientos para avanzar en su creación en el país.  

El evento, organizado por el Programa Estado de la Nación en conjunto con la Fundación Yamuni Tabush, inició con una presentación a cargo de Isabel Román, coordinadora del Informe Estado de la Educación, y Marvin Carvajal, investigador asociado del PEN. Ambos expusieron los principales hallazgos y recomendaciones del capítulo sobre macroevaluación del Noveno Informe Estado de la Educación 2023. 

Posteriormente, se realizó un panel de discusión moderado por Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación, en el que se analizaron las ventajas y desventajas de establecer un ente externo encargado de las evaluaciones del sistema educativo costarricense. 

Yolanda Rojas, del Colectivo Mujeres por Costa Rica y ex miembro del Consejo Superior de Educación (CSE), enfatizó que la macroevaluación debería mantenerse bajo el control del CSE, aunque reconoció que el Ministerio de Educación Pública (MEP) necesita una reestructuración para poder gestionar adecuadamente este proceso. “El MEP debe ser quien evalúe lo que hace, incluso si se apoya en una agencia externa. Sin embargo, es crucial desburocratizar el ministerio para que realmente pueda llevar a cabo una macroevaluación eficiente”, señaló Rojas. 

Por su parte, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), abogó por la participación de un ente externo en las evaluaciones, en especial tras la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Una agencia externa es fundamental para identificar las áreas que debemos mejorar antes de enfrentarnos a evaluaciones internacionales. Sin embargo, la intención de estas evaluaciones debe ser siempre la mejora, no el castigo. Además, es crucial establecer un cronograma que contemple la aplicación de evaluaciones y el análisis de los resultados para fomentar cambios positivos”, sostuvo Montero. 

Kattia Rivera, diputada del Partido Liberación Nacional, manifestó que el personal docente, en muchos casos, no comprende las macroevaluaciones, lo que genera temor. “Los maestros ven estas evaluaciones con miedo porque las perciben como una amenaza y no como una herramienta de mejora. No tienen suficientes opciones de capacitación, lo que les dificulta enfrentarlas. Además, es necesario empezar este proyecto desde cero, teniendo en cuenta las reacciones de todas las partes involucradas”, comentó Rivera. 

Finalmente, Andrés Fernández, representante del Consejo de Promoción de la Competitividad, resaltó la necesidad de reformar la ley de órganos desconcentrados para garantizar la independencia política de un futuro ente evaluador. “El MEP tiene la capacidad de generar resultados, pero carece de los mecanismos para traducir esos resultados en mejoras reales. No estamos aprovechando los avances tecnológicos disponibles ni la información que ya tenemos, no solo se debe evaluar la calidad de la educación, sino también sobre los docentes y como capacitarlos para la mejora. Es esencial que cualquier agencia externa garantice su independencia política”, concluyó Fernández. 

El foro contó con la participación tanto presencial como virtual de personas expertas y actores clave del sector educativo costarricense, quienes coincidieron en la necesidad de crear una agencia o ente externo al MEP que asuma el tema de macroevaluación y que cuente con autonomía técnica, y que esto requiere realizar cambios en el CSE y en el ministerio. Además, reconocieron el importante rol que tiene el MEP en la evaluación de aula y en que los resultados de la macroevaluación que lleguen al personal docente y sirvan como insumo para mejorar la mediación pedagógica y el aprendizaje. 

Otra de las conclusiones significativas es que la creación de una agencia encargada de la macroevaluación requiere una discusión del marco conceptual y normativo (el para qué la evaluación), los recursos (financieros y técnicos), los instrumentos de evaluación y el uso y difusión de los resultados. A lo cual se suma la discusión de qué recuperar de lo que hoy tenemos y el cronograma de trabajo que implica el diseño y puesta en práctica del nuevo ente.